Según ha detallado en un comunicado el portavoz de la Secretaría General de Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, Guterres ha exhortado a la moderación para evitar una nueva escalada de violencia y ha reiterado su llamamiento al Gobierno de Perú para que cumpla con sus compromisos internacionales en materia de Derechos Humanos.
Asimismo, Guterres ha subrayado la importancia de que las protestas se desarrollen de forma pacífica, respetando el derecho a la vida y la propiedad.
«Incluso en tiempos de emergencia pública, las medidas que suspenden el derecho de reunión pacífica deben limitarse a lo estrictamente requerido por la situación y ser coherentes con otras obligaciones del derecho internacional», se lee en la misiva de Naciones Unidas.
Con todo, Guterres ha recalcado que «es fundamental» generar las condiciones para un diálogo significativo e inclusivo entre el Gobierno peruano y los manifestantes que permita abordar la crisis actual que enfrenta el país.
Perú se encuentra sumido en una profunda crisis política nacida tras la destitución por parte del Congreso del expresidente Pedro Castillo, quien anunció el pasado 7 de diciembre la disolución del Parlamento andino y la instauración de un Gobierno de excepción.
Tras la detención del exmandatario, decenas de miles de personas han salido a protestar en diversos puntos del país para pedir la dimisión de la presidenta Dina Boluarte, la disolución del Congreso y la convocatoria urgente del elecciones presidenciales. Desde entonces, más de 60 personas han perdido la vida en los disturbios entre manifestantes y fuerzas de seguridad.
PERÚ REAFIRMA ANTE LA ONU SU COMPROMISO CON LOS DDHH
El Gobierno de Perú ha reafirmado su compromiso con los Derechos Humanos ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas tras la participación de una delegación de alto nivel en su cuarta revisión ante el Examen Periódico Universal (EPU) del referido consejo.
La delegación, encabezada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, José Tello, ha lamentado la pérdida de vidas humanas en el contexto de las protestas y actos de violencia en el país, sosteniendo que «el Estado peruano busca garantizar los derechos de 33 millones de personas, incluido el derecho a la protesta».
Sin embargo, «la protesta no puede confundirse con acciones delictivas y de violencia indiscriminada que trasgreden la convivencia social», según ha aseverado Tello, ha informado la agencia Andina.
El representante permanente del Perú ante la ONU, Luis Chuquihuara, se ha referido a la «difícil coyuntura» que atraviesa Perú tras el anuncio de disolución del Congreso por parte del expresidente Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre.
Según Chuquihuara, tras los hechos de aquel día, «se produjo una rápida reacción de las instituciones democráticas», la cual habría permitido una transición de mando presidencial «con estricto apego a la Constitución Política de Perú».
No obstante, ha señalado que, desde entonces, Perú vive en un periodo de convulsión social que respondería a las «legítimas demandas» de la ciudadanía por superar históricas brechas sociales, según ha recogido la citada agencia.
«Cuando muere un compatriota en estas circunstancias, la nación entera está de luto», ha asegurado el representante, lamentando la «trágica pérdida de vidas humanas» y reafirmando la importancia del diálogo y el entendimiento, basado en el respeto por los Derechos Humanos, la democracia y Estado de derecho.
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