«Hemos demandado que Kailí pueda ser puesta bajo vigilancia electrónica con un brazalete, participa en la investigación de manera activa y rechaza cualquier acto de corrupción», declaró el letrado ante medio centenar de periodistas arremolinados en unas imponentes escaleras de mármol. Kailí, que ha sido destituida de la vicepresidencia de la Eurocámara que ocupaba pero aún conserva su escaño, está imputada por presunta participación en organización criminal, blanqueo de capitales y corrupción en relación con la red de sobornos supuestamente vinculada a Catar y Marruecos.
«La señora Eva Kailí es inocente, jamás ha sido corrompida», agregó el abogado griego Michalis Dimitrakopoulos, que ha viajado desde Atenas para la vista y la víspera visitó a su clienta en la prisión de Harem en la que se encuentra desde que fue detenida el pasado 9 de diciembre por la policía belga. En esa operación, en la que hubo cerca de una veintena de registros y se decomisaron más de 1,5 millones de euros en efectivo, equipos informáticos y teléfonos, los agentes también detuvieron a otros tres imputados en el caso por las mismas acusaciones, que ya comparecieron el pasado día 14 en une primera vista judicial.
La eurodiputada fue detenida pese a tener inmunidad parlamentaria porque las autoridades belgas consideraron que estaba cometiendo un delito flagrante. La magistrada decidió entonces mantener en prisión preventiva a Pier Antonio Panzeri, exeurodiputado y presunto cabecilla de la red de sobornos, y a Francesco Giorgi, asistente parlamentario en la Eurocámara y pareja sentimental de Kailí. La jueza sí dejó en libertad al «lobista» y secretario general de la ONG No Peace Without Justice (Sin paz no hay justicia), Niccolo Figa-Talamanca, pero se le obliga a llevar un brazalete electrónico, tal y como ha solicitado la defensa de Kailí.
También fueron detenidos el 9 de diciembre el sindicalista italiano Luca Visentini y el padre de la eurodiputada, Alessandro Kailis, pero fueron liberados dos días después. El caso salpica también a otros dos eurodiputados, el socialista belga Marc Tarabella, cuyo domicilio fue registrado pero que no está imputado pero sí ha sido suspendido en su partido en Bélgica, y el socialista italiano Andrea Cozzolino, quien ha sido suspendido del grupo socialdemócrata en la Eurocámara. Tarabella ha asegurado que es inocente y Cozzolino ha hecho público que quiere declarar ante un juez y que está dispuesto a renunciar a su inmunidad parlamentaria porque es inocente y se le está sometiendo a un juicio mediático.
Los abogados de la política griega, que ejercía como eurodiputada desde 2014 y como una de las catorce vicepresidentas de la Eurocámara desde enero de 2022, criticaron las numerosas filtraciones que se han desprendido de la instrucción y confirmaron que la Fiscalía belga ha abierto una investigación al respecto. «Es una mera violación frontal de la instrucción y no soy el único que lo piensa: el fiscal general ha iniciado una investigación sobre esto», dijo Risopoulos. Según las informaciones publicadas desde entonces por medios belgas e italianos como Le Soir y La Republicca, Kailí habría confesado a la policía su implicación en la trama y reconoció que pidió ayuda a su padre, a quien la policía descubrió sacando dinero en bolsas de un hotel en Bruselas, para esconder dinero en efectivo que tenía en casa.
También Giorgi, pareja de Kailí, habría confesado estar implicado, aunque eximió de cualquier responsabilidad a la madre de su hija, y lo mismo Panzeri, quien habría reconocido pagos de 50.000 euros de Catar y Marruecos en 2019, es decir, sólo después de haber abandonado el escaño de eurodiputado que ocupó entre 2004 y 2019. Antigua presentadora de televisión, Kailí, de 44 años, se inició en política en 2009 con el PASOK griego, llegó al Parlamento Europeo en 2014 y se ocupaba una de las catorce vicepresidencias de la Eurocámara desde enero de 2022, cargo que le ha sido retirado aunque mantiene su condición de eurodiputada.
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