La solicitud del pago, compuesto por 11.00 millones en créditos y 10.00 millones en transferencias directas no reembolsables, fue enviada al Ejecutivo comunitario por el Gobierno en funciones de Mario Draghi a finales de junio. Para desbloquear el desembolso, las autoridades italianas tuvieron que demostrar el cumplimiento de 45 hitos y objetivos de campos tan variados como el empleo público, el sistema de licitaciones públicas, la administración fiscal, la provisión de servicios sanitarios en las regiones o el profesorado.
También incluye reformas en ámbitos como las infraestructuras de banda ancha y 5G, el turismo y la cultura, el desarrollo del hidrógeno como fuente de energía, la reestructuración urbana, la digitalización de escuelas o el sistema judicial para aliviar el bloqueo de casos. El pago, sin embargo, no será efectivo hasta que el resto de Estados miembros evalúen todos estos compromisos y lleguen a la misma conclusión positiva de la Comisión Europea, para lo que disponen un plazo de cuatro semanas.
Italia es el mayor beneficiario del fondo de recuperación puesto en marcha por la UE para levantar las economías europeas tras la crisis de la pandemia y para acelerar las transiciones verde y digital que el bloque quiere acometer a medio plazo. En total, Italia tiene asignados 191.600 millones en fondos de recuperación hasta 2026, de los que ya ha recibido 24.900 en forma de anticipo y otros 21.000 millones en el primer desembolso.
Por otro lado, la Comisión Europea explicó hoy en una rueda de prensa que Italia tiene la posibilidad de enviar un proyecto presupuestario prorrogado para 2023 si para el 15 de octubre próximo no han acabado las negociaciones para formar gobierno en el país. Tal y como recordó la portavoz de Economía del Ejecutivo comunitario, Veerle Nuyts, el futuro Ejecutivo italiano tendrá que remitir posteriormente a Bruselas un proyecto presupuestario actualizado una vez que los partidos que formen la coalición lleguen a un acuerdo.
«La política es que el Estado miembro presente un proyecto presupuestario sin cambios en las políticas (económicas) y que el nuevo gobierno presente después un plan presupuestario actualizado cuando entre en funciones», especificó. «No hay una fecha límite para la presentación del borrador presupuestario actualizado, pero la regla general dice que esto debe pasar un mes antes de que sea adoptado por el nuevo parlamento», añadió.
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