Miles de personas pagaron por recibir una inyección inocua y obtener el certificado que les acreditaba como vacunados. No esperaban cómo acabaría la historia. | Reuters

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Escándalo sanitario en Grecia que ha dejado a la vista que la picaresca no es patrimonio exclusivo de esta ribera del Mediterráneo. Varios medios de comunicación helenos han publicado los entresijos de una estafa de grandes dimensiones con respecto a la vacunación contra el coronavirus.

Al parecer, los profesionales de algunos centros de vacunación habrían percibido sobornos para sustituir la sustancia de los viales enviados por las farmacéuticas para inyectar placebos y sustancias inocuas como agua a los ciudadanos. A cambio, los interesados accederían a todo el catálogo de posibilidades que en Grecia se reservan para las personas que han recibido la vacuna contra la COVID-19 y pueden demostrarlo con la acreditación correspondiente.

Pero va más allá. Muchas de esas personas que habían desembolsado unos 400 euros no eran conscientes de que los sanitarios en verdad sí les habían inyectado la vacuna correspondiente.

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El periódico To Vima da cifras que informan de la magnitud de lo sucedido. Afirman que cien o doscientos de estos centros de vacunación, hasta un diez por ciento del total de centros habilitados por las autoridades sanitarias en el conjunto del país, han participado de esta práctica fraudulenta, incluyendo a hasta 300 facultativos.

Hasta 100.000 griegos habrían tratado de obtener el certificado de vacunación con esta fórmula. Miles de ellos, sin embargo, experimentarán una respuesta inmunitaria tras el pinchazo y en contra de su voluntad, pues según los informadores locales en muchos casos los enfermeros pincharon la vacuna pertinente por miedo a las consecuencias legales de sus actos. Eso sí, no dejaron de cobrar por el 'trabajo' que finalmente declinaron realizar.

A las autoridades les corresponde ahora aclarar el panorama en Grecia; saber cuántas personas se han inyectado la vacuna correspondiente y cuántas un simple placebo para esquivar la legislación nacional, así como dirimir las responsabilidades que de estos hechos se desprendan. Al respecto se ha abierto una investigación y fuentes de la Policía han desmentido las informaciones. Sin embargo, no han dado más detalles ni han aclarado en qué puntos son falsas.