La presidenta de la Comisión Europea y el Parlamento Europeo ya han apoyado la iniciativa. Ahora falta el veredicto del Consejo Europeo. | Udo Pohlmann

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Es un escándalo mayúsculo. Cada día tenemos frente a nosotros casos de violencia contra las mujeres por el hecho de serlo. Cada día mujeres mueren a manos de sus parejas o exparejas. Quienes debieran procurarles una buena vida se la quitan. La exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, lanzó hace unos días una pregunta al aire desde las ondas: «¿qué pasaría si mataran a maestros, o a policías?» de forma sistemática y diaria.

La lacra de la violencia machista está presente en nuestra cotidianidad y la tiñe de luto y también de indignación. 34 mujeres han sido asesinadas en lo que llevamos de año, a fecha de 14 de septiembre, según los datos del Gobierno. En este contexto ha cobrado relevancia la propuesta de que el Parlamento Europeo reclame la inclusión de la violencia de género en la lista de delitos perseguidos en toda la Unión Europea. ¿Por qué es importante esta declaración? Existen varios motivos.

En la práctica supone definir los delitos penales y sanciones mínimas comunes en todos los Estados miembro, así como reforzar la protección de las víctimas y evitar la huida y evasión de la Justicia de posibles maltratadores o asesinos, asimilando la violencia de género a otras lacras como el terrorismo, la trata de personas y el narcotráfico, donde la cooperación internacional es clave para una eficiente y correcta protección de la ciudadanía.

«Necesitamos más y mejores herramientas para combatir la violencia de género. Pedimos definiciones jurídicas comunes, estándares y penas mínimas en toda la Unión», ha destacado la ponente del informe de la Eurocámara, la eurodiputada de ERC Diana Riba.

El texto, que ha salido adelante con 427 votos a favor, 119 en contra y 140 abstenciones, también denuncia el feminicidio como la forma más extrema de violencia de género contra las mujeres y las niñas, y recalca que la denegación del aborto legal y sin riesgo también es una forma de violencia de género. Este punto está más que nunca en el centro del debate en España, tras los últimos posicionamientos sobre el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo.

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Precisamente este punto ha sido utilizado por algunos para marcar distancia con la iniciativa, como en el caso de la comentada abstención de los eurodiputados del PP, que ofreció libertad a sus hombres y mujeres para que votaran en conciencia y ninguno osó a brindarle su apoyo. Una de ellas, la madrileña Isabel Benjumea, votó en contra de la propuesta, al igual que los representantes de Vox.

En resumen, la inclusión de la violencia contra las mujeres como delito especialmente grave y con carácter transfronterizo en el ámbito comunitario europeo proporcionaría un paraguas legal común, que mejoraría la gestión de este tipo de crímenes entre socios europeos, y especialmente establecería unos mínimos en un campo con tratamientos penales muy divergentes.

Así establecería la base legal necesaria para diseñar después una directiva específica, objetivos que la propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha asumido y mencionado también estos pasados días en el Debate sobre el Estado de la UE como el trabajo que queda encima de la mesa de cara al final del periodo legislativo.

Será el Consejo Europeo quien ahora dirima la cuestión, y ahí se espera una ardua negociación que puede embarrancar contra las resistencias de Hungría y República Checa, estados que no han suscrito el Convenio de Estambul sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica como Bulgaria, Letonia, Lituania y Eslovaquia, que también son Estados miembro y forman parte del Consejo. Polonia sí lo firmó en su día pero ya ha iniciado los trámites para desdecirse.

Y es que la percepción de la necesidad de esta acción varía entre las distintas sensibilidades que apoyan gobiernos ultraconservadores, especialmente en temas como la prevención de la violencia contra las personas LGBTIQ+.