Las protestas contra el Gobierno del presidente colombiano, Iván Duque, dejan en el país al menos 24 muertos en una semana, según informó este miércoles la Fiscalía General, que reveló que en 11 de los casos la Policía es la presunta responsable de las muertes.
Según el informe, los demás casos corresponden a víctimas de particulares y agresores desconocidos, mientras que uno de ellos murió de causa natural presuntamente por una enfermedad cardíaca.
Este primer informe oficial de la Fiscalía incluye información sobre la identidad de las víctimas y las circunstancias en las que fallecieron.
Los datos han sido revelados después de ocho días de intensas jornadas, violencia, bloqueos de vías y decenas de denuncias en contra del abuso policial.
Según datos de la Defensoría del Pueblo, en las protestas también han resultado heridas unas 800 personas y hay todavía un indeterminado número de desaparecidos.
Por su parte, la policía informó de que fueron 25 los Comandos de Atención Inmediata (CAI) atacados por turbas y que de ellos tres fueron destruidos en su totalidad.
La peor situación ocurrió en el CAI del barrio La Aurora, en el sur de la capital, donde vándalos prendieron fuego al cuartelillo, en cuyo interior estaban diez policías, que lograron escapar del fuego.
«Miro con tristeza lo que han hecho, no hay derecho (...), sí tenemos derecho a la protesta, apoyamos la protesta totalmente, pero dan ganas de llorar de ver lo que le hacen a estas personas», dijo a Efe Gladys Villamizar, vecina del CAI del barrio la Candelaria, en el sur de Bogotá, que también fue destruido.
Al borde del llanto la mujer invitó a la comunidad a que se unan para «apoyar las cosas buenas» y refiriéndose a los ataques de anoche añadió: «Esto no arregla la situación».
Villamizar agregó que en su zona se vivieron momentos difíciles porque una tienda de la cadena de supermercados Justo & Bueno fue saqueada por los vándalos.
VÍCTIMAS DE LA POLICÍA
El informe de la Fiscalía recoge la muerte de Andrés Murillo, un joven de 19 años que fue víctima de un disparo en el pecho en la ciudad de Ibagué el sábado pasado.
Los testigos del ataque acusan a un agente de la Policía de disparar contra el joven mientras éste caminaba hacia su casa por un lugar en el que varios manifestantes se enfrentaban con uniformados.
Además está anotado el asesinato de Marcelo Agredo, un menor de 17 años que recibió en Cali, capital del departamento del Valle del Cauca (suroeste), varios disparos a quemarropa de un policía al que agredió con una patada en la espalda.
En Cali también se produjo el asesinato de Nicolás García Guerrero, presuntamente por un uniformado.
Como estos casos, están también documentadas las muertes de otras ocho personas con heridas de armas de fuego o artefactos de granadas de gas lacrimógeno.
RESPONSABILIDAD DE LA FUERZA PÚBLICA
El pasado domingo el presidente Duque ordenó el retiro del proyecto de reforma fiscal que detonó las manifestaciones y por el que el pasado lunes renunció el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.
Sin embargo, miles de colombianos volvieron este miércoles a las calles en una nueva jornada de «paro nacional» convocada por sindicatos y centrales obreras en contra de una reforma a la salud, convocatorias que transcurren hasta el momento de forma pacífica.
El descontento social sigue volcado en las calles, donde también se han vivido caóticos días de violencia y destrucción.
Al menos 72 civiles y 19 policías fueron heridos en la asonada de anoche en Bogotá, en la que vándalos atacaron al menos 23 estaciones de policía, una de las cuales fue incendiada con diez agentes dentro que alcanzaron a escapar.
El Gobierno insiste en que grupos armados ilegales son los instigadores de la violencia, pero elude dar explicaciones sobre el desproporcionado uso de la fuerza pública que han denunciado organismo internacionales como la ONU, la Unión Europea y Amnistía Internacional.
«Nos duelen las miles de familias colombianas que han sido víctimas del vandalismo», dijo hoy Duque en una declaración en la que responsabilizó de la violencia a «una organización criminal que se esconde detrás de legítimas aspiraciones sociales para desestabilizar».
Mientras tanto, distintos sectores acusan al mandatario de esquivar la responsabilidad de la fuerza pública que es acusada, según datos revelados hoy por la Fiscalía, de la mitad de los asesinatos ocurridos durante las manifestaciones.
Congresistas opositores colombianos radicaron ayer una propuesta de debate de moción de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano, por «violaciones de DD.HH.» cometidas por la fuerza pública en las protestas.
2 comentarios
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Flipantes las declaraciones del gobierno. La policía disparaba contra los manifestantes por orden presidencial. Que dice vandalismo?? Increible. Espero que la ONU haga algo por una vez!
Quina llàstima, si no feim un mon més just, la gent és rebelarà, és causa-conseqüència