La directora de la Residencia de Mayores de El Zapillo en Almería, Magdalena Cantero, recibe la vacuna para la COVID-19. | Efe

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Estoy comprometido con apoyar con los ojos cerrados lo que estamos haciendo contra el coronavirus, incluso aunque no lo entienda. Por eso, me cuidaré mucho de hacer críticas a quienes están desbordados de trabajo, intentando abordar tantos frentes a la vez. Sólo me atrevo a formular humildes preguntas que, probablemente, todas terminen por apuntar al capricho del virus, que se comporta de forma errática.

La cuestión que más me inquieta de estas últimas horas es la negativa de los empleados de las residencias de ancianos para vacunarse. En unos medios de comunicación leí que sólo el sesenta por ciento había dado el consentimiento, mientras que en otros ese porcentaje es aún menor. Aceptemos que yo pueda ser multado por no llevar la mascarilla por la calle, incluso aunque no haya nadie allí; aceptemos que esa multa incluso pueda producirse por un olvido involuntario y no por un acto de desafío a la autoridad; entonces, si yo puedo ser sancionado por no usar una mascarilla que en el pasado se llegó a decir que era innecesaria, ¿por qué un empleado de las residencias públicas puede no vacunarse, precisamente cuando está tratando con personal vulnerable, como le llamamos ahora a las personas de riesgo? ¿Será que el virus no les ataca a ellos? Virus caprichoso donde los haya.

A mí todo esto me parece un pelín más grave: las vacunas, hasta donde he leído, se han hecho siguiendo todos los procedimientos científicos, de manera que hay suficientes garantías sobre su oportunidad. Son como los cinturones de seguridad en los coches o los sistemas antiincendios: está demostrada su utilidad, su importancia, su necesidad. Diríamos que «salvan vidas». Siendo así, y creo firmemente que es así, ¿podemos permitir que una sola vida quede en riesgo por una postura carente de fundamento científico? Porque a continuación uno se pregunta si estas mismas personas puede también incumplir una prescripción médica, siendo igualmente tan científica como la vacuna. Observen que hablamos de empleados públicos que están prestando servicios de asistencia para instituciones que avalan las vacunas.

Me cuesta entender que unos albañiles que iban en un coche en pleno confinamiento hayan sido multados con seis mil euros y, en cambio, en este caso parezca que vamos a hacer la vista gorda.

He leído y comprendo bastante bien el riesgo que tienen las aglomeraciones para la difusión del virus. Pero, sin embargo, no entiendo por qué el Govern ha hecho anuncios poniendo en la ‘picota’ a las grandes superficies. ¿Alguien se puede creer que en un pequeño comercio, en un supermercado, en la frutería de la esquina de casa, el virus es más tolerante? No puedo entender que se señale con el dedo a las grandes superficies y se ignore que hasta ahora en los autobuses de la EMT ni siquiera era obligatorio dejar algún asiento sin ocupar. Algo no me concuerda cuando recuerdo que Ibiza hace apenas dos meses tenía una explosión de casos sin que haya grandes superficies. Vaya con los caprichos del virus.

No termino de entender que diez meses después sigamos sin atención primaria. Un servicio fundamental se ha convertido en un sucedáneo telefónico. Aceptemos que al principio había que abordar los riesgos que entrañaba su prestación normal, pero diez meses después ¿seguimos igual? Si la seguridad de los empleados de los supermercados hubiera importado tanto como la del personal de los ambulatorios, hace tiempo que nos habríamos muerto de hambre.

Y, ya que hago preguntas, ¿por qué el virus supone un peligro en las consultas de la medicina pública y en cambio en la medicina privada –frecuentemente atendida por los mismos médicos, porque nuestro Govern, débil con los fuertes, nunca se ha atrevido a tocar este privilegio– es inocuo? Vaya con el virus.