Sólo por su unidad de salud sexual en el campamento de refugiados de Kutupalong (suroeste) han pasado 78 víctimas de violencia sexual desde que el pasado 25 de agosto se desatara el éxodo de refugiados que llegan al país huyendo de la vecina Birmania (Myanmar), indicó la organización en un comunicado.
Del total de mujeres y niñas atendidas, 75 habían sido violadas y 44 tenían menos de 18 años, si bien la ONG cree que las cifras de víctimas de asalto sexual entre las refugiadas rohinyás es mucho mayor.
«Las mujeres son a menudo reticentes a buscar servicios debido a una serie de factores, incluyendo la vergüenza y el estigma asociados con el asalto sexual, una falta de conocimiento sobre el apoyo médico y psicológico disponible y la incertidumbre sobre qué pasará si piden ayuda», afirmó MSF.
Además, según la nota, en una situación de crisis las víctimas tienden a centrarse en cubrir sus necesidades más básicas, como lograr comida y un techo bajo el que guarecerse.
En su último informe de situación difundido ayer, el Grupo de Coordinación Intersectorial de la ONU cifra en unos 624.000 a los rohinyás llegados a Bangladesh en los últimos tres meses.
El actual éxodo de rohinyás comenzó con las operaciones de represalia de las fuerzas de seguridad birmanas lanzadas tras los ataques, el 25 de agosto, del rebelde Ejército de Salvación Rohinyá de Arakan (ARSA) a una treintena de puestos militares y policiales en Rakáin.
La semana pasada los Gobiernos de Bangladesh y Birmania acordaron un proceso de repatriación para los refugiados rohinyás llegados a tierras bangladesíes, que se prevé que comience dentro de los dos próximos meses.
El Gobierno estadounidense consideró también la semana pasada que, tras un «análisis cuidadoso y exhaustivo» de los hechos, «está claro» que la violencia y los abusos contra los rohinyás en el estado birmano de Rakáin «constituye una limpieza étnica».
Recientemente la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) advirtió que cualquier repatriación de refugiados rohinyás hacia Birmania debe ser consentida y subrayó que no se dan las condiciones adecuadas para que esos retornos se puedan hacer de forma segura.
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