EFE - BÉLGICA-UE-TÚNEZ - POL - TREATIES & INTERNATIONAL ORGANIS - BEL03 BRUSELAS (BELGICA) 01/04/2011.- La comisaria europea de Interior, Cecilia Malmstrom , durante la rueda de prensa celebrada para informar de su visita a Túnez, en la sede de la Comisión Europea (CE) en Bruselas (Bélgica), hoy, viernes, 1 de abril de 2011. Malmstrom aseguró que la CE está preparada para ayudar a Italia a repatriar a los miles de inmigrantes tunecinos llegados a la isla de Lampedusa en las últimas semanas. Alrededor d | OLIVIER HOSLET - STF - EFE - EPA

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La Justicia europea anuló ayer la directiva de conservación de datos ante su grave injerencia en los derechos de la vida privada de los ciudadanos, una decisión que tendrá un impacto profundo en futuras normativas pero cuyo efecto es inmediato solo a nivel comunitario y no así a escala nacional.

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea supone un gran revés para la Comisión Europea (CE), que analizará ahora detalladamente el fallo, cuyas consecuencias más inmediatas son que la UE «se ha quedado con efecto inmediato sin directiva comunitaria de retención de datos», según fuentes comunitarias.

La única opción de la CE es presentar una propuesta totalmente nueva, pero la sentencia ya influirá en la revisión de la directiva sobre privacidad y las comunicaciones electrónicas y en las negociaciones sobre el marco legal de protección de datos, ha reconocido la comisaria de Interior, Cecilia Malmström.

No obstante, las legislaciones nacionales «están todavía en vigor» en los 26 Estados miembros que la han implementado (salvo Alemania), por lo que la sentencia no tendrá un impacto, por ahora, en la retención de datos en los países, indicaron las fuentes.

La CE no cree que deba recomendar a los miembros que tomen medidas, pero éstos tienen ahora tres opciones: seguir con la legislación nacional tal y como estaba, modificarla en base a la sentencia del tribunal o esperar y ver qué ocurre, explicaron fuentes comunitarias.

También indicaron que los ciudadanos tienen la posibilidad de recurrir la legislación nacional en sus respectivos países en base a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (UE) y en el fallo de la corte, con sede en Luxemburgo.