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La Justicia francesa abrió ayer una investigación preliminar sobre la presunta financiación ilegal de la campaña para las elecciones que, en 2007, llevaron a la jefatura del Estado a Nicolas Sarkozy.
La apertura de la investigación coincide con nuevas revelaciones en el presunto caso de aportaciones ilegales al partido Unión por un Movimiento Popular (la gubernamental UMP) hechas por el diario vespertino Le Monde.
El periódico asegura que la policía gala ha encontrado pruebas de la retirada de 50.000 euros de un cajero automático y cuyos datos corresponden con una cantidad supuestamente aportada al tesorero de la UMP y actual ministro de Trabajo, Eric Woerth.
El martes, la antigua contable de la multimillonaria Liliane Bettencourt, Claire Thiboult, aseguró que Woerth había recibido hasta 150.000 euros de la heredera de L'Oréal con destino a la campaña de las elecciones presidenciales que llevaron al poder a Sarkozy.
«Métodos fascistas»
El secretario general de la UMP, Xavier Bertrand, declaró después de conocerse la iniciativa judicial que toma nota, «sin sorpresa», de la decisión, según un comunicado conocido al día siguiente de que el mismo alto cargo del partido denunciara la existencia de «métodos fascistas» en relación con las noticias acerca de la presunta financiación ilegal de la formación política.
El primer ministro, François Fillon, celebró después de la reunión semanal ordinaria del Gobierno francés una comparecencia ante la prensa, en la que manifestó que la prioridad del Ejecutivo no es hacer cambios de ministros.
Fillon se expresó así en relación a los rumores de crisis de Gobierno, especialmente por los ataques recibidos en los últimos días por el ministro Woerth, quien calificó de «calumnias» las acusaciones sobre las presuntas actividades de financiación ilegal de la UMP de las que éste habría sido protagonista.
El primer ministro aseguró que el presidente Sarkozy es quien controla su propio «calendario» y que es «amo de sus decisiones porque encarna la autoridad de la República y esa autoridad exige no ceder a las intimidaciones».