Grecia amenaza con recurrir al FMI si la UE no respalda su política anticrisis

Grecia decidió ayer apretarse aún más el cinturón para cumplir la exigencia de la UE de reducir su abultado déficit, al tiempo que advirtió de que recurrirá al FMI si no recibe el apoyo que necesita de los Veintisiete. El primer ministro griego, Yorgos Papandréu, cumplió con lo que sus socios europeos esperaban y lo que la población griega teme: dio un paso más en su estrategia de austeridad para reducir el gasto público y aumentar los ingresos.
«A partir de hoy el problema no se puede pintar griego [...] Hemos cumplido de sobra con lo que debemos hacer», dijo el jefe del Gobierno griego al término de la reunión del Consejo de Ministros. «Es una hora histórica para Europa. Si no responde y si tampoco responden los mercados en la forma deseada debido a la conducta especulativa, entonces la solución final será el Fondo Monetario Internacional (FMI)», añadió.
De forma similar se manifestó el ministro de Finanzas griego, Yorgos Papaconstantinos, al señalar que «Grecia no puede cerrar todas las puertas. Es obvio que quiere apoyo comunitario, pero la versión del FMI no se puede descartar». Con el plan de choque aprobado ayer, el Ejecutivo griego pretende ahorrar unos 4.800 millones de euros para sanear la maltrecha economía griega, que acumula ya una deuda de más del 110 por ciento del Producto Interior Bruto (BIP) y un déficit del 12,7 por ciento.
Los jubilados van a ver como sus pensiones quedan congeladas y los 600.000 funcionarios van a tener que renunciar hasta un tercio de los ingresos por pluses y extras que cobraban hasta ahora. Llenar el depósito de gasolina saldrá más caro, entre 3 y 8 céntimos por litro, y el IVA subirá entre un 0,5 y un 2 por ciento, dependiendo del producto.
Fumar y consumir alcohol costará un 20 por ciento más. Incluso la Iglesia Ortodoxa tendrá que pasar por caja, al aumentar los impuestos sobre sus propiedades e ingresos. La lista sigue: suben las contribuciones sobre propiedades inmobiliarias de gran valor y los ingresos superiores a 100.000 euros serán gravados con el 45 por ciento de impuestos, más un pago único del 1 por ciento en 2010.
En general, se recortan en 700 millones las inversiones públicas y se congelan los nuevos contratos de personal público para 2010, con la excepción de educación, sanidad y cuerpos de seguridad.