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La Fiscalía de Milán estudia presentar cargos contra el primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi, y otras trece personas por irregularidades en las cuentas del grupo televisivo Mediaset, propiedad del mandatario. Las acusaciones que se barajan contra Berlusconi son las de apropiación indebida agravada, fraude fiscal y falsedad en el balance de la sociedad televisiva, dueña de los canales nacionales Rete4, Canale5 e Italia1.

Para ello los fiscales se basan en una investigación cuyos resultados fueron depositados este fin de semana en la Magistratura milanesa, sobre la compraventa de los derechos de transmisión de películas estadounidenses por parte de Mediaset. Según el informe, parte de cuyo contenido recogen ayer los medios locales, en torno a la compraventa de estos derechos se creó un entramado de transacciones en las que participaron empresas registradas en paraísos fiscales y supuestamente al servicio de Berlusconi.

Estas sociedades, siempre según la Fiscalía, compraron a distribuidoras estadounidenses un paquete de derechos de emisión televisiva que acabaron en manos de Mediaset por 470 millones de euros después de complejas operaciones financieras en las que se habría «inflado» el precio real de los derechos.

Los fiscales creen que, en medio de estas y otras transacciones, el grupo televisivo de Berlusconi pudo haber desviado a cuentas en el extranjero cerca de 280 millones de euros, además de haber eludido al fisco el equivalente a unos 170 millones de euros entre 1994 y 1996. Así, afirman que el actual primer ministro tuvo «la intención de engañar a los socios y al público sobre la situación patrimonial de la sociedad» y se enriqueció «ocultando la formación de ingentes fondos 'negros'».

Entre quienes se enfrentan a un posible juicio se encuentran, además de Silvio Berlusconi, el presidente de Mediaset, Fedele Confalonieri (por supuesta falsedad de balance), el banquero suizo Paolo del Bue y el abogado británico David Mills (ambos por encubrimiento y blanqueo de dinero).