El GOB apunta que «los problemas de masificación turística pueden incrementarse» con los nuevos gobiernos de Baleares

El GOB ha hecho esta valoración tras reunir a las diferentes secciones insulares en Menorca durante el pasado fin de semana y en la que han analizado el nuevo contexto político. Asimismo, ha apuntado que la sociedad civil organizada, que «trabaja para conseguir intereses colectivos, es más necesaria que nunca en Baleares». Entre algunos de los efectos sociales que ha criticado en lo que denominan como una apuesta «creciente y unidireccional por el turismo masivo», sitúan «la imposibilidad de buena parte de la población residente» para visitar determinadas playas durante la temporada turística, la «enorme dificultad» para encontrar aparcamiento en unas islas «apretadas» por los vehículos turísticos o el precio de la vivienda, que «impide en muchos casos ejercer un derecho constitucional».

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«En términos económicos, la masificación turística va en dirección contraria a la renta per cápita y así lo recogen las publicaciones económicas. En 1983, la provincia de Baleares era la segunda en el ranking estatal y entonces visitaban las Islas unos 4,3 millones de turistas. En 2022, Baleares aparece en la vigésimo segunda posición a nivel estatal, pese a haber recibido 16,5 millones de turistas», han añadido. Por estos motivos, han argumentado que «queda claro que la masificación no contribuye al bienestar», sino «sólo a determinadas actividades que son extractivas en términos económicos», esto es, extraen beneficios generados en el territorio isleño y «se lo llevan a otros lugares».

«Este exceso de presión muestra errores repetidos de planificación, ya que Ibiza cuenta con tres desaladoras y los acuíferos siguen sobreexplotados. Mallorca ha ampliado carreteras y siguen anunciándose nuevas infraestructuras viales y en Menorca crece la sensación de saturación, al mismo tiempo que el alojamiento turístico no declarado ocupa las viviendas que deberían ser residentes», ha puntualizado. Ante esta evolución, el GOB recomienda la adopción de herramientas como el establecimiento de un límite en los vehículos de cada isla, que «en Formentera se ha experimentado con éxito» o la regulación de «las extracciones abusivas de agua».

Al mismo tiempo, la organización conservacionista ha exigido la ordenación de la oferta náutica, para «no degradar ni los valores naturales ni la propia calidad de la experiencia de quien hace uso», el freno a la promoción turística del «verano isleño» o la «correcta» gestión de las zonas protegidas por conserven y recuperen valores. «La sociedad suele ir por delante de las instituciones en visión y apuestas de futuro. En las Islas es necesario organizarse para buscar caminos que transiten entre la conservación y el progreso no especulativo», ha rematado el GOB.