Aunque no es extraño que la gestión municipal desate frentes judiciales a los alcaldes, Colau acude a la cita electoral en una situación insólita, imputada en cuatro causas penales y tras un mandato en el que los litigios contenciosos contra el Ayuntamiento se han multiplicado en los juzgados hasta alcanzar los 1.800 asuntos, el doble que en época de sus predecesores.
Una querella de la Asociación por la Transparencia y la Calidad Democrática contra Colau por la concesión de subvenciones municipales a entidades afines, entre ellas la PAH o el Observatori DESC, motivó la primera cita judicial de la alcaldesa como imputada, en marzo del año pasado. Tras tomar declaración a la líder de BComú y a varios testigos, el juez acordó dar carpetazo a la querella, prácticamente calcada a otra denuncia contra Colau que Abogados Catalanes por la Constitución había presentado en 2021 ante la Fiscalía, firmada por el mismo bufete jurídico y que el ministerio público había archivado.
Los querellantes recurrieron el archivo de la causa ante la Audiencia de Barcelona, que el pasado mes de noviembre ordenó reabrirla para practicar diligencias que el juez había denegado, lo que entidades como la Asociación de Juristas Constitucionalistas por las Libertades y el exjuez investigado por blanqueo y estafa Fernando Presencia han aprovechado para sumarse a la acusación.
Colau volvió a comparecer ante la justicia como investigada el pasado mes de marzo, acusada de los delitos de coacciones y prevaricación a raíz de una querella del fondo de inversión Vauras, que mantiene que el Ayuntamiento le presionó mediante sanciones y trabas administrativas para que destinara viviendas a alquiler social.
La misma abogada que representa a Vauras en este litigio presentó otra querella contra Colau en nombre de la inmobiliaria Juninmo, que ha sido admitida a trámite en vísperas de elecciones municipales, por hechos similares: la empresa acusa al consistorio de coaccionarla con sanciones para evitar el desahucio de un inquilino considerado vulnerable. La cuarta de las querellas contra la alcaldesa que investiga la justicia deriva de uno de los proyectos estrella -aunque también cuestionados- de su mandato: los ejes verdes que se están construyendo en el Eixample barcelonés, con el nombre de 'superillas'.
La querella, que acusa a Colau de prevaricación y delito urbanístico, la firma el exarquitecto jefe de Barcelona Josep Antoni Acebillo, que fue uno de los artífices de la transformación de la capital catalana en la época olímpica, con el socialista Pasqual Maragall en la alcaldía. El arquitecto, junto al colectivo Salvem Barcelona, ya había presentado una primera denuncia ante la Fiscalía para que emprendiera acciones legales contra Colau por la 'superilla' del Eixample, argumentando que el proyecto se había iniciado sin hacer la preceptiva modificación del Plan General Metropolitano (PGM).
La Fiscalía, no obstante, archivó las diligencias tras concluir que las reformas urbanísticas de las 'superillas' concuerdan con los límites impuestos por el PGM, por lo que no era necesaria su modificación.
La sombra de la corrupción en la obra pública municipal sigue persiguiendo al exalcalde Xavier Trias, por la gestión de quien fuera su concejal de Urbanismo entre los años 2011 y 2015, el convergente Antoni Vives, quien está a la espera de juicio por la presunta trama de pago de comisiones a CDC a cambio de adjudicaciones en el «caso 3%».
La Fiscalía Anticorrupción pide seis años y un mes de cárcel para Vives por facilitar la adjudicación de las obras de los túneles viarios de la plaza de les Glòries de Barcelona a una UTE participada por la constructora COPISA, así como del Mirador de las Aguas, un carril bici en Bac de Roda y la reurbanización de la calle Lucà a las empresas Oproler y Rubau.
En 2021, Vives fue condenado a dos años de cárcel e inhabilitación por hacer un contrato simulado a un exalcalde de Unió, que se embolsó 155.067 euros sin desempeñar ninguna tarea, cuando presidía el consejo de administración de Barcelona Regional, en el mandato de Trias. Asimismo, en una causa derivada del «caso 3 %», la Audiencia Nacional investiga siete contratos que la productora audiovisual Triacom, gestionada por el exgerente de TV3 Oriol Carbó, firmó entre 2012 y 2015 con el Ayuntamiento de Barcelona y que el juez sospecha sirvieron para enmascarar el desvío de fondos a CDC.
1 comentario
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espero que los barceloneses no se vuelvan a equivocarse: tengo familia y Barcelona no es la misma desde que llegó la señora COLAU: y el señor TRIAS : si ya está para sopa y pan: y después nos quejamos que ESPAÑA no va bien