Declaraciones del candidato de Vox. | Redacción Digital - Twitter

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El candidato de Vox a la presidencia del Govern, Jorge Campos, ha asegurado que su formación impulsará mecanismos legales para incrementar el control sobre el uso del dinero público otorgado mediante ayudas o subvenciones públicas. «Acabar con la opacidad y discreción con la que se otorgan subvenciones de forma nominal sin ningún tipo de control y que se utilizan para regar con el dinero del contribuyente a asociaciones y entidades afines a la izquierda y el separatismo», ha destacado Campos.

Así, Vox se propone reducir al mínimo las llamadas subvenciones nominativas, aquellas que se otorgan sin establecer el uso que se hará del dinero y que de facto son de libre disposición para el que las recibe. Campos ha defendido que toda subvención debe obedecer a proyectos «tangibles, demostrables y justificables».

De la misma manera, Campos ha precisado que se establecerá una cláusula de responsabilidad constitucionalidad de obligada firma en las subvenciones y ayudas, así como en la contratación pública, por la que el perceptor se compromete a no utilizar el dinero público con fines anticonstitucionales. Según el candidato de Vox, «con esta medida se evitará la perversión del dinero del contribuyente que acaba financiando entidades separatistas y contrarias al ordenamiento jurídico»

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«Con Vox en el Gobierno, el que quiera destruir nuestro país, el que quiera burlarse de la ley y de la convivencia, lo va a tener más difícil. La Obra Cultural Balear y otras entidades antidemocráticas van a tener que pagarse la fiesta con el dinero de sus bolsillos, no habrá ni un duro para sus desvaríos. Miraremos con lupa hasta el último céntimo para que no se pierda en subvenciones difusas basadas en proyectos vagos o inexistentes», ha alertado.

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Campos también ha matizado que «de la misma manera que se incluye otro tipo de cláusulas en las subvenciones y la contratación pública, la de responsabilidad constitucional contribuirá a garantizar el buen uso del dinero del contribuyente y evitar la fuga a intereses ajenos al servicio y utilidad de los ciudadanos».

Ha hecho referencia ,«como ejemplo que no puede volver a repetirse», el caso que se produjo al principio de la Legislatura en el que se aprobó una subvención de 12.499 euros para la organización de un concierto en el que se anunció la actuación del prófugo de la justicia Josep Miquel Arenas, Valtonyc.

Se trató, de acuerdo al líder regional de Vox, del denominado MUR Festival de Música Urbana y Reivindicativa programado para el 12 de octubre en Felanitx. En el cartel que anunciaba el evento figuraban como patrocinadores el Govern (Consellería de Presidencia, Cultura e Igualdad) y el Instituto de Estudios Baleáricos.

En ambos casos se incluían los logotipos oficiales de ambas instituciones en los afiches publicitarios del evento. En dicho concierto actuó Pablo Hasél, condenado por la Audiencia Nacional a dos años y un día de cárcel y a una multa de 37.800 euros por delitos de enaltecimiento del terrorismo, con el agravante de reincidencia, e injurias y calumnias contra la Corona y las instituciones del Estado. El «espectáculo» concluyó con la quema de una bandera española en el escenario.