Carles Puigdemont. | YVES HERMAN

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El Parlamento Europeo (PE) impidió hoy al expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont y al exconsejero de Salud Toni Comín entrar en la sede de la Eurocámara en Bruselas, después de que ambos hayan obtenido el escaño como eurodiputados en las elecciones del pasado domingo.

Puigdemont y Comín se encuentran huidos de la Justicia española en Bélgica y para poder ocupar sus asientos deberán jurar la Constitución y recoger el acta, lo que -según la Junta Electoral Central española y el propio servicio jurídico del Parlamento Europeo- solo se puede hacer presencial y personalmente en Madrid, donde podrían ser detenidos.

Según indicaron fuentes de la Eurocámara, los nuevos eurodiputados reciben un pase provisional para facilitar su acceso al Parlamento mientras no llegan las comunicaciones oficiales de los Estados miembros confirmando los eurodiputados de cada país.

«La acreditación está supeditada a la recepción de las notificaciones oficiales de las autoridades nacionales conteniendo la lista oficial de diputados», añadieron las fuentes parlamentarias.

De acuerdo con esas mismas fuentes, la Eurocámara «puede decidir no conceder ninguna facilidad hasta asegurarse de que la persona ha obtenido realmente el acta de diputado».

Desde JuntsxCat, el partido de Puigdemont y Comín, confirmaron que ambos políticos acudieron a la Eurocámara con la intención de recoger su documentación y acreditarse.

Como indicó la Eurocámara, el partido señaló que el Parlamento Europeo argumentó que España no ha comunicado aún la lista oficial de eurodiputados de su país y que por eso no han podido acceder a la sede del PE.

Sin embargo, las fuentes de JxCat aseguraron que otros eurodiputados españoles, como Diana Riba (ERC), sí han podido entrar en el Parlamento.

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Tras no conseguir entrar en la Eurocámara, Puigdemont consideró que se había producido «una clarísima discriminación, muy grave» que «pretende extender en el corazón de las instituciones europeas los estándares de violaciones de derechos fundamentales que ha puesto en práctica el Estado español».

«La razón única que nos han dado es que el Estado español no ha comunicado oficialmente la lista de electos. Ante este argumento, hemos preguntado entonces cómo es posible que diputados de todos los otros partidos políticos catalanes, de fuera de Cataluña, hayan podido hacer esos trámites que no nos dan permiso para hacer. La respuesta ha sido el silencio», comentó.

El político se mostró convencido de que la Eurocámara deberá dar «muchas explicaciones» sobre lo sucedido este miércoles antes de su composición, que tendrá lugar el próximo 2 de julio, y afirmó que exigirá responsabilidades.

Puigdemont también calificó de «sonoro bofetón al Estado español» la resolución de un grupo de trabajo de la ONU que califica de «arbitraria» la privación de libertad de los líderes catalanes independentistas Oriol Junqueras, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.

El pasado 22 de marzo, cuando aún no había logrado el escaño como eurodiputado, Puigdemont participó en un acto de la Eurocámara organizado por la eurodiputada flamenca Helga Stevens, del grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), que reúne a conservadores, euroescépticos y antifederalistas.

La entrada de Puigdemont en la Eurocámara se produjo un mes después de que esta institución decidiera no autorizar por motivos de seguridad un evento en el que iba a participar el político independentista, prófugo de la Justicia española desde fines de octubre de 2017.

Este mismo miércoles, los recién elegidos siete diputados de Ciudadanos escribieron una carta al presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, en la que le pedían no permitir a Puigdemont registrarse o entrar en las instalaciones del Parlamento «mientras siga huido de la justicia y no dé los pasos necesarios para cumplir la legislación nacional para la verificación de sus credenciales» como eurodiputado.

En otra misiva, PP, PSOE y Ciudadanos solicitan suspender la acreditación provisional de eurodiputados españoles hasta que el PE reciba la notificación oficial de las autoridades competentes de España y piden anular las acreditaciones ya emitidas «por error».