Elecciones Generales 10N

El PSIB-PSOE dotará con recursos económicos la Ley de Memoria Histórica

| Palma |

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Miembros del PSIB-PSOE han acudido este viernes al cementerio de Palma.

Miembros del PSIB-PSOE han acudido este viernes al cementerio de Palma.

01-11-2019 | PSIB-PSOE

El PSIB-PSOE se ha comprometido este viernes a dotar de recursos económicos la Ley de Memoria Histórica e ilegalizar las fundaciones que inciten al odio contra las víctimas del fascismo.

Una delegación socialista encabezada por el candidato al Congreso por Baleares en las elecciones generales del 10N, Pere Joan Pons, y los candidatos por Mallorca al Senado, Cosme Bonet y Susanna Moll, ha visitado el muro de la memoria del cementerio de Palma para rendir homenaje a las víctimas del fascismo y reiterar el compromiso de los socialistas con la memoria histórica.

Pons ha afirmado que si no se produce una gran movilización de votos el 10N, se puede vivir en España un «gran retroceso con una derecha y una extrema derecha que ya no es la foto de Colón, sino que plantean políticas claras y directas que afectan a la democracia y a temas como la memoria histórica».

El candidato ha señalado que cada uno de noviembre los socialistas recuerdan a las víctimas del franquismo, pero este viernes es la primera ocasión que los restos del dictador Franco ya no reposan en el Valle de los Caídos, «lo que supone un reconocimiento a todas las víctimas».

En opinión de Pons, «es más crucial que nunca que la gente se movilice y vote opciones que sean preservadoras de la memoria histórica, de los derechos, de la libertad y de la justicia, que vote un partido que tenga una hoja de ruta claro, como es el PSOE».

En este sentido, el candidato socialista ha pedido el voto para «para avanzar en políticas de memoria pioneras como las que se han hecho en Baleares y con una hoja de ruta a largo plazo para recuperar los años de retraso que llevamos» .

A esta hoja de ruta se ha referido el candidato al Senado, Cosme Bonet, quien ha trasladado el compromiso socialista de «dotar económicamente las medidas previstas en la Ley de Memoria Histórica, una normativa que lleva años aprobada, pero que tras los siete años de gobierno del PP no ha recibido la financiación que corresponde.

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