Elecciones Generales 10N

El Gobierno supera en precampaña el último trámite para pagar a las CCAA

| Madrid |

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La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, durante su intervención en la reunión de la Diputación Permanente del Congreso.

La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, durante su intervención en la reunión de la Diputación Permanente del Congreso.

22-10-2019 | Eduardo Parra - Europa Press

El Gobierno ha superado este martes el último trámite para que las comunidades autónomas dispongan de los 4.682 millones de euros correspondientes a entregas a cuenta de este año y lo ha logrado tras aprobar la Diputación Permanente, en plena precampaña electoral de las elecciones del 10N, el real decreto ley que actualiza estos anticipos.

El real decreto ley, aprobado casi por unanimidad (con la única abstención de Bildu), ha abierto un debate en el seno de la Diputación Permanente donde la oposición en bloque ha acusado al Gobierno de recurrir a una medida «electoralista» en precampaña dado que este asunto, han dicho, se podía haber desbloqueado mucho antes.

Con el visto bueno al real decreto ley, las autonomías de régimen común (todas salvo el País Vasco y Navarra) recibirán el 50 % de los 4.682 millones de euros en noviembre, posiblemente antes de la cita electoral del 10N, y la otra mitad a lo largo del mes de diciembre. Además, el decreto ley contempla dar a los ayuntamientos 821 millones de euros también correspondientes a entregas a cuenta.

Aunque la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que este decreto ley «sienta precedente» para que comunidades y consistorios no vuelvan a ser «víctimas» del bloqueo presupuestario o institucional, la oposición ha coincidido en que el Gobierno «tiraba la casa por la ventana» ante el nerviosismo electoral.

Y han justificado el voto a favor en que ni un día más, las comunidades y los ayuntamientos podían tener «secuestrados» sus recursos, con lo que eso podría afectar a los servicios públicos.

A esto, la ministra de Hacienda ha dejado claro que en ningún momento los servicios públicos de las comunidades han estado comprometidos. «Ni la actualización de las entregas a cuenta ha estado vinculada a ningún tipo de chantaje, como algunos quieren trasladar», ha dicho Montero.

Sin embargo, la oposición, especialmente el portavoz económico del PP, Mario Garcés, ha insistido en que el proceso de desbloqueo llegó a salpicar a la Abogacía del Estado, con un informe en el que se «escudó» el Gobierno «que ni aparecía, ni tenemos».

Montero ha incidido en que convocadas las elecciones del 10N «liberar esos fondos» ya no condicionaba a un nuevo Ejecutivo (como había advertido la Abogacía del Estado en el mes de agosto) y no pagar «pondría en apuros» a las autonomías, lo que ha justificado la «urgencia» de la medida.

Para el portavoz económico de Ciudadanos, Marcos de Quinto, el decreto aprobado «no es una solución sino un mero parche» y ha reprochado al Gobierno la «bochornosa gestión» que ha puesto de relieve su «hipocresía», ha dicho, con cambios de criterio «según les convenía» y el «ventajismo político» exigiendo una investidura gratis a cambio de desbloquear los fondos.

Desde Unidas Podemos, el diputado Antonio Gómez Reino ha acusado al Gobierno de «faltar a la verdad» y de «clamoroso electoralismo». Mientras que por parte del grupo mixto, el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, ha situado la aprobación del decreto «en el milagro de las elecciones». «Se podía y se debería haber hecho antes», ha asegurado Baldoví, que se ha referido a los pequeños proveedores que «en este tiempo no han podido cobrar».

La diputada de JxCat, Laura Borràs, ha afirmado que la aprobación en el último trimestre no contribuye a la estabilidad, a la que tampoco ayuda, en su opinión, la «negativa» de Sánchez de reunirse con el presidente de la Generalitat, Quim Torra.

En la misma línea, la diputada de Bildu, Mertxe Aizpurua (que se ha abstenido), ha derivado la intervención sobre financiación autonómica a «la crisis democrática» que, a su parecer, se constata en las condenas de Alsasua y en la «suspensión de libertades y el escarmiento» que estos días vive el pueblo de Cataluña.

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