El impuesto sobre el patrimonio es un impuesto cedido a las comunidades autónomas de régimen común, que pueden regular sin restricciones desde el año 2001 el mínimo exento, la tarifa y las deducciones y bonificaciones en cuota. El impuesto ha pasado por diferentes vicisitudes en función del color del gobernante en Madrid. A finales de 2022, se aprobó y entró en vigor un nuevo impuesto estatal temporal de solidaridad de las grandes fortunas para los años 2022 y 2023 (para ser recaudado en 2023 y 2024). El tipo impositivo es del 1,7% para los patrimonios entre 3 y 5 millones de euros; del 2,1% para los patrimonios entre 5 millones y 10 millones; y del 3,5% para aquellos patrimonios superiores a 10 millones de euros. En la práctica, el impuesto estatal únicamente afecta a los contribuyentes de aquellas comunidades autónomas de régimen común que aplican un tipo impositivo más reducido que el estatal. Por ello, algunas comunidades autónomas han optado por subir el tipo impositivo máximo para que el importe sea recaudado por la comunidad y no por el estado.
La principal novedad en Balears para el año 2024 es el incremento del mínimo exento del impuesto sobre el patrimonio que pasa de 700.000 euros a 3.000.000 de euros. De esta manera, Balears ha mejorado nueve posiciones y ahora es quinta por detrás de Andalucía, Extremadura y Madrid, empatadas en el primer puesto, y Murcia, que es cuarta. Catalunya, Comunitat Valenciana y Navarra ocupan las tres últimas posiciones.
Balears continúa ocupando el primer puesto en el índice del impuesto de sucesiones. En noviembre de 2023, las islas elevaron el límite máximo de la reducción por adquisición de vivienda habitual hasta 270.151,2 euros (antes 180.000 euros). Antes, con el cambio de Govern, en julio de 2023, se aprobó una bonificación del 100% en el impuesto sobre sucesiones para los grupos I y II (antes del 99% y solo para el grupo I) y una bonificación del 50% para el grupo III. Andalucía, Cantabria y Galicia ocupan el primer puesto junto a Balears y por delante de Canarias. Catalunya, Aragón y Asturias ocupan las tres últimas posiciones del índice.
En el índice del impuesto sobre la renta, Balears ocupa, como un año antes, la decimoquinta posición. En diciembre de 2023, el Govern de las islas reformó el impuesto sobre la renta reduciendo los tipos de gravamen para todos los tramos. Para las rentas de hasta 30.000 euros el tipo marginal se redujo en 0,5 puntos porcentuales y 0,25 puntos porcentuales para el resto de tramos. También se incrementó un 10% el mínimo familiar para el segundo descendiente, de 2.700 euros a 2.970 euros. Balears se encuentra en el tramo bajo del índice, solo por delante de Aragón, Comunitat Valenciana, Catalunya y Navarra. Álava ocupa la primera posición por delante de Guipúzcoa y Vizcaya, empatadas en el segundo puesto. Madrid ocupa el cuarto lugar y Galicia, el quinto.
Balears ocupa el decimoséptimo puesto en el índice del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados solo por delante de la Comunitat Valenciana y Catalunya, igualadas en la última posición. Las islas han empeorado una posición respecto a 2023. Navarra es primera por delante de Madrid y las tres provincias vascas -Álava, Guipúzcoa y Vizcaya están igualadas en el tercer puesto-. En el índice de impuestos propios, Balears ocupa el octavo lugar, igualada con la Comunitat Valenciana, Cantabria, La Rioja, Extremadura y Navarra. En Balears están vigentes tres impuestos propios: el canon de saneamiento de aguas, el impuesto sobre estancias turísticas y el impuesto sobre los premios del juego del bingo.
Madrid ocupa el primer puesto, junto a Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. Madrid eliminó todos los impuestos propios. En las provincias vascas no hay ningún impuesto propio aparte de los equivalentes a los estatales. Catalunya ocupa el último puesto, un año más, en el índice de impuestos propios. Es la comunidad con más impuestos propios en vigor, hasta un total de once: gravamen de protección civil, canon del agua, impuesto sobre grandes establecimientos comerciales, sobre las estancias en establecimientos turísticos, sobre la emisión de óxidos de nitrógeno a la atmósfera producida por la aviación comercial, sobre la emisión de gases y partículas a la atmósfera producida por la industria, sobre las viviendas vacías, sobre bebidas azucaradas envasadas, sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica, sobre los activos no productivos de las personas jurídicas y sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente.