Cuando me reúno con algún valiente inversor en las islas, que quiere crear empleo, mantener y mejorar el entorno, y dispuesto a consumir menos superficie edificatoria, me veo obligada a explicarle que el camino será largo y con muchos obstáculos. Que debe tener claro que su inversión va a recibir reveses, y que pese a tener un proyecto perfectamente delimitado, estructurado y que mejora con creces lo existente, va a tener que armarse con una gran dosis de paciencia y una previsión financiera adicional. Si dicho esto quiere seguir escuchando, le explico que a nivel administrativo funcionamos con vasos comunicantes, en el que hay varios atascos paralelos. El proceso empieza en el municipio, entre urbanismo y actividades, luego, según sea el proyecto pasa por Comercio, Turismo, Industria y según dónde está ubicado pasa también por el Consell, Medio Ambiente, Recursos Hídricos, entre otras administraciones. Y si tiene que pasar por Costas, nos adentramos en una quinta dimensión y la cosa puede complicarse aún más.
Pues bien, imaginemos que, aun así, decide seguir adelante, otro hándicap que surge al respecto son los cambios normativos. Cuando inicias un proyecto y, entre medias, modifican las reglas a las que la propia nueva norma te obliga preceptivamente a adaptarte, cuando es la propia administración la que ha podidodilatar el procedimiento, en el mejor de los casos puedes adaptarte, porque en el peor, se va al traste el negocio que tenías previsto y en el que ya habías invertido unos cientos de miles de euros como poco. Cuando se da esta situación son las propias administraciones las que te dicen que intentes recuperarlo por la vía de la reclamación patrimonial. Pero es que la idea era invertir, no pleitear.
Y os preguntaréis a dónde quiero llegar con esto. Pues bien, nada más y nada menos, que a reivindicar el cumplimiento de los plazos en la administración pública. Porque la mayoría de nosotros, y no solo en Balears, los hemos padecido y estoy segura de que, si se cuantificara económicamente el perjuicio causado a cada uno, las cifras podrían alcanzar billones de euros.
Solventando este obstáculo, en el que se agilizasen los procesos cumpliendo los plazos legales, se invierte la ecuación y, por tanto, a menos tiempo de resolución de procedimiento, menos costes adicionales a la inversión, y menos incremento del precio final de venta de las viviendas. Entonces para que la vivienda no se encarezca, el legislador debe dotarnos de entornos normativos estables que fomenten la flexibilidad y la agilidad. ¿Cómo? Mejorando lo existente y agilizando trámites y procedimientos.
Por supuesto, no es la única medida, pero si un punto de partida, pues es el nudo gordiano que obstaculiza todas las demás ideas y soluciones que se están exponiendo estos días en los debates políticos electorales. Esperemos que se pongan de acuerdo, gobierne quien gobierne.
