No obstante, es importante señalar que este proceso de ‘ajuste’ nace dentro de las coordenadas de un cierto consenso, del que participan tanto los economistas como los gestores de las políticas económicas, respecto a la necesidad de preservar la estabilidad de precios a medio y largo plazo, entendida no como un fin en sí mismo, sino como vehículo necesario para procurar el funcionamiento eficiente de los mercados y alcanzar una senda de crecimiento estable y sostenido. No en vano, el World Economic Forum sitúa la estabilidad macroeconómica como uno de los requerimientos básicos de la ‘competitividad’ de países y regiones.
Así mismo, este ‘ajuste’ se asienta en la creciente percepción social de los elevados costes que comporta la ‘inflación’. Se sabe que los aumentos sistemáticos de los precios, al distorsionar las decisiones de ahorro e inversión y la asignación eficiente de los recursos, tienen importantes efectos sobre el bienestar social. De la misma forma que también son conocidos los efectos redistributivos no deseados que genera al afectar negativamente a la renta de los sectores menos protegidos y a la presión fiscal real que soportan las familias, al mismo tiempo que tiende a reducir la rentabilidad real de las empresas, pues dificulta la planificación de inversiones, la gestión de inventarios y, recursivamente, el proceso de fijación de precios. Dificultades que pasan factura a la productividad, la piedra angular de la ‘competitividad’ y en la que descansan los diferenciales en renta per cápita que, hoy por hoy, separan las islas de las regiones más prósperas.
Así, aunque la magnitud de la corrección que experimentarán el crecimiento y el empleo los próximos meses dependerá, en última instancia, de la capacidad de ajuste de los agentes y de la flexibilidad de la economía, de ahora en adelante será preciso vigilar los diferenciales de ‘inflación’, pues son problemáticos en la medida en que puedan ser el reflejo de pérdidas de ‘competitividad’ y de una insuficiente capacidad de generar valor.
No es exagerado concluir, por tanto, que la economía balear se enfrenta, en estos momentos, a un reto de ‘competitividad’ que constituye la primera comprobación del potencial desestabilizador de la guerra. Es, precisamente, esta conclusión la que hace entrever nuevos problemas macroeconómicos para la economía balear, que tienen una apariencia muy diferente a los que la sociedad y las autoridades están acostumbradas a diagnosticar y preparadas para abordar.
Y es que, si la historia económica contemporánea ha contribuido a arraigar la idea de que la estabilidad de los precios debe ser el principal objetivo de la estabilidad macroeconómica, también ha servido para mostrar que los países que optan por un ‘ajuste’ gradual aplicando políticas acomodantes, acaban viéndose sometidos a unas tensiones más fuertes y duraderas en términos de desempleo, agravadas por la persistencia de la ‘inflación’ y el arraigo de las expectativas inflacionistas. ¡No conviene olvidarlo!
