Las fiestas ilegales han existido siempre en Eivissa, pero con la pandemia de coronavirus y el cierre el ocio nocturno se han incrementado «de manera exponencial». «El año pasado, sobre marzo o abril, ya advertimos al Govern que si había temporada como parecía que iba a haber se iba a generar un efecto ‘cascada’ en las fiestas ilegales porque teníamos el ocio nocturno cerrado y eso fue lo que pasó. Es una problemática más de Eivissa, pero se está viendo ya en otras islas. Hay que ponerle remedio cuanto antes», expresa Mariano Juan, vicepresidente primero del Consell d’Eivissa y conseller de Lucha contra el Intrusismo.
Esta temporada, según recuerda Juan, ya no habrá medidas anticovid y se prevé un verano con mucho movimiento, por lo que la principal preocupación estriba en que la fiestas ilegales en casas de campo se consoliden pese a que el ocio nocturno reglado esté abierto. «Nos preocupa que se quede este modelo de fiestas ilegales en casas y villas de campo se quede y expanda y es lo que queremos evitar», explica Juan.
Para poner coto a estas ilegalidades y frenarlas, el Consell d’Eivissa elaboró y remitió al Govern el año pasado una propuesta para modificar la ley balear de Actividades, además de crear un protocolo de actuación para que las policías locales tengan claro cómo actuar cuando se encuentran con una potencial fiesta ilegal en una villa o casa de campo.
La propuesta elaborada por los servicios jurídicos del Consell d’Eivissa nace de numerosas reuniones previas que mantuvieron el año pasado con los diferentes ayuntamientos, las diferentes policías locales, Emergencias del Govern, así como con la dirección insular de la Administración General del Estado de Ibiza a través de la Guardia Civil y Policía Nacional. «Se trabajó de manera muy positiva y coordinada; queríamos conocer de primera mano qué problemas se encuentran las diferentes policías y la Guardia Civil», precisa Juan.
La propuesta que hace Eivissa al Govern pasa por modificar y modernizar la ley balear de Actividades ya que la actual «está hecha para actividades legales; cuando se hizo no se pensó en las actividades en fraude de ley que se desarrollan dentro de un inmueble para darle apariencia de fiesta privada cuando no lo es. Hay que mejorar y modernizar la ley actual aplicando las sentencias que han ido recayendo que dicen que estas fiestas, aunque se celebren en casas, son una actividad», explica Juan, quien añade que la propuesta de Eivissa se centra en aumentar las sanciones, extender o repartir la responsabilidad a todos los actores implicados en la organización y difusión de la fiesta ilegal, así como permitir entrar a las policías en las casas donde se estén celebrando estas ilegales.
LIBRE CONCURRENCIA. El elemento clave en la iniciativa ibicenca es la libre concurrencia. «Una cosa es celebrar tu cumpleaños con tu familia y amigos y otra es celebrar actividades en suelo rústico de libre concurrencia, que quiere decir que cualquier persona, pague o no, puede acceder a esta actividad y esto lo convierte directamente en actividad. Deja de ser un evento privado y pasa a ser una actividad económica y ésta es la clave, que haya libre concurrencia», precisa Juan, quien recuerda que en la mayoría se paga para acceder o bien por la bebida: «Siempre se cobra de alguna manera». «No inventamos nada porque los tribunales ya lo han dicho, si hay libre concurrencia es una actividad. Determinamos una serie de indicios, como si hay libre concurrencia o no, si tienen seguridad, una logística determinada... no incluimos el límite de personas porque podría darse el caso de que hay una fiesta ilegal en una casa en la que se ha pagado y solo asistan 40 personas y que nos encontremos una boda con 200 personas, pero es una boda. El elemento clave y definitorio es la libre concurrencia», insiste Juan.
Las sanciones se elevan 100.000 en caso de fiestas ilegales en suelo rústico y no solo se sancionará al promotor u organizador sino que el Consell d’Eivissa va más allá: «Hay toda una estructura montada de pirateo donde hay mucha gente ganando dinero limpio con esta competencia desleal, además de todos los problemas de seguridad que se generan ahí dentro. Queremos que la responsabilidad se reparta a toda esta gente que se está lucrando con esta cuestión, desde el que lo organiza, hasta el que capta a la gente, lo publicita en Facebook o el que se encarga del transporte y el sonido... todo el conglomerado de personas que está ofreciendo el servicio de fiestas ilegales será responsable. Es importante extender responsabilidades y que toda esta gente sepa que si se dedican a difundir, organizar y montar fiestas ilegales todos tendrán consecuencias».
En cuanto a los propietarios de las casas y villas, Juan recuerda que los dueños «no son responsables directos de las infracciones que comentan sus inquilinos, pero es cierto que en algunos casos nos hemos encontrado en algunos casos en los que el propietario hace dejación completa de su deber de vigilar que en su propiedad no pase en estas cosas y no colabora con la administración contra las fiestas ilegales y esto es porque en muchas ocasiones porque algo tiene que ver con las fiestas ilegales». Juan añade que el propietario tiene que colaborar con las administraciones, «si no colabora, si tiene conocimiento de la fiesta ilegal y no denuncia, si el propietario no comparte la información que tiene del contrato con la administración para que se pueda localizar al responsable, el dueño de la casa pasará a ser responsable subsidiario». Juan tiene claro que esta colaboración de los propietarios de las casas es fundamental y que si conocen que se va a celebrar una fiesta ilegal «o bien sabe que se está celebrando tiene que denunciar y colaborar con la administración».
MEDIDAS PROVISIONALES. Al endurecimiento de sanciones y reparto de responsabilidades se suma el permitir que las policías tomen medidas provisionales para abortar las fiestas ilegales. «Nuestros servicios jurídicos y nosotros entendemos que ya tenemos jurisprudencia que dice que cuando hay libre concurrrencia es una actividad y, por tanto, necesita licencia de actividad del correspondiente ayuntamiento. Tenemos sentencias del Constitucional en las que se dice que donde hay una actividad, no hay domicilio y se puede tomar medidas provisionales por parte de la policía para poder abortar la celebración de estas fiestas ilegales», explica Juan, quien asume que este aspecto es «delicado», pero confía en que las negociaciones con el Govern llegarán a buen puerto para solucionar este problema.
«Estamos abiertos a cualquier otra propuesta para poder atajar las fiestas ilegales. El vecino no entenderá que los ayuntamientos detecten una fiesta ilegal, vaya la policía local, certifique que es así, que hay una fiesta ilegal, se levante acta, no puedan hacer nada y, nueve meses después o un año, le llegue una multa al promotor que no se sabe si pagará o no. Al vecino no le consuela esto. Tenemos que encontrar mecanismos provisionales que permitan a la policía tomar cartas en el asunto. Somos conscientes de que es un cambio difícil pero estamos abiertos a cualquier tipo de propuesta del Govern».
Actualmente, el Consell d’Eivissa y el Govern continúan trabajando «de forma discreta» para poder hacer estos cambios. «Hay buena predisposición por parte el Govern y buena voluntad; se está trabajando de manera proactiva. Tenemos que ser valientes y modernizar la ley», apunta el conseller de Lucha contra el Intrusismo. Para Juan es vital que este cambio se haya aprobado antes del verano, por lo que confía en que el Govern dé luz verde a estos cambios vía decreto ley. «El problema es que los piratas de las fiestas ilegales ven que no pasa absolutamente nada y este modelo puede quedarse y expandirse, lo que será un problema muy importante y esto es lo que queremos evitar. Demos un paso al frente y que toda esta gente vea que se está actuando y hay sanciones y medidas importantes», expresa Juan, quien recuerda que las competencias «en el día a día» para acabar con este problema recaen en los ayuntamientos, razón por la que el Consell d’Eivissa y el Govern deben ayudarles.
Con el objetivo de ayudar a los ayuntamientos en la lucha contra las fiestas ilegales en casas y villas de campo, este año el Consell d’Eivissa volverá a implantar el servicio de detectives para localizar, abortar e identificar a quienes organizan este tipo de eventos ilegales. Tras la experiencia piloto del año pasado, que fue todo un éxito con 29 personas identificadas (una de ellas, sanitaria del hospital Can Misses) en 10 días, este año la máxima institución insular dotará al servicio con 150.000 euros para poder desarrollarlo en los meses centrales del verano. Actualmente, están preparando la licitación para poder así empezar en verano.
