Enric Taltavull considera que el retraso en las licencias genera indisciplina urbanística. | Javier Coll

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Enric Taltavull Femenías preside la delegación de Menorca del Col·legi d’Arquitectes de Balears (COAIB) desde julio de 2017. Como profesional, acumula una larga y exitosa trayectoria que le permite hablar sobre las cuestiones que preocupan en la isla en su materia.

¿Qué momento vive el sector?
Estamos recuperando la actividad de manera suave, pero no es previsible que haya incrementos sustanciales de actividad. Estos últimos años hemos tenido cierta presencia de inversiones hoteleras y ahora la actividad está centrada en viviendas unifamiliares. La Demarcación de Menorca durante el primer semestre sabemos que ha tenido un 19% de actividad en el número de obras, entre ellas un 33% de unifamiliares.

A nivel de permisos, ¿sigue siendo necesario un año y medio para obtener un permiso cuando la ley establece un máximo de tres meses?
Es un tema no resuelto, un problema que genera otros problemas. Las administraciones locales padecen limitaciones de contratación de más técnicos y esto provoca no solo los retrasos sino una indisciplina urbanística. Presentación inadecuada de obras o ejecución de ellas, sin el control de un técnico responsable.

¿Cómo está la revisión del Plan Territorial Insular?
Es posible que en breve el documento revisado pase a exposición pública ya que el objetivo del equipo de gobierno es aprobarlo antes de elecciones. Desde el Colegio estamos preocupados por su contenido ya que consideramos que desde el Consell no se ha asumido el tema de la recuperación del patrimonio histórico para facilitar nuevos usos que hagan viable su conservación. Hemos mantenido también reuniones con el GOB para consensuar acuerdos, ya que es un tema que afecta especialmente al campo.

¿Qué pedían?
Nosotros pretendemos que se faciliten nuevos usos, una vez se han amortizado los antiguos. El ejemplo más claro es de los “boers”, cuyo uso ya no sirve como tal, pero puede ser un espacio habitable como pabellón de invitados o zona de juegos. Partimos de una situación difícil porque este vector de conservación y valoración del patrimonio arquitectónico es una pieza maltratada, ya en el primer Plan Territorial Insular se facilitaba en el campo adquirir derechos de edificación, haciendo demoliciones de edificaciones antiguos, un criterio muy negativo de cara a la conservación del patrimonio arquitectónico y, por descontado, la sostenibilidad. También ha pasado con la delimitación de zonas de alquiler turístico.

¿En qué sentido?
En el sentido de que se prohíbe el alquiler en suelo rústico, una situación insólita que solo pasa en nuestra isla y que elimina cualquier expectativa de mantenimiento de los edificios. También lo prohíbe en el suelo urbano, sin hacer ninguna distinción entre nueva edificación que se ha quedado sin vender y los edificios antiguos de un valor patrimonial. Por suerte ha habido una dinámica de compra de edificios para hacer hoteles boutique que recupera los cascos antiguos. En cualquier caso, cuando se habla de crecimiento sostenible en Menorca se debería hacer referencia a poner en uso los edificios patrimoniales, rehabilitarlos y usarlos como instalación de equipamiento público, residencial o el uso que se quisiera.

Otro de los temas que les preocupa como Col·legi es la relación entre el puerto de Maó y su ciudad…
Este invierno tenemos previsto un ciclo de conferencias para reflexionar sobre la discontinuidad que genera el puerto con la ciudad. Autoridad Portuaria tiene mucha experiencia en estos temas, con ejemplos innovadores como Málaga o Cartagena, ciudades intermedias donde han sabido resolver estas situaciones, pero el puerto de Maó ha quedado descuidado por una falta de inversión. Tampoco ha habido una suficiente implicación de la sociedad civil con la APB para resolverlo. El puerto se ha utilizado como una carretera, cuando en realidad sería un fantástico espacio libre para paseo.