La Justicia desigual

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Sentencias mediáticas como la del caso Nóos ponen en evidencia ante la opinión pública las disfunciones de la Justicia, al menos respecto al resultado que un profano en leyes consideraría justo. Los puristas alegarán, con razón, que no se puede opinar de una causa sin conocer los miles de folios que la configuran. Déjenme las mentes sesudas, no obstante, opinar sobre lo que sí conozco, la Justicia bancaria y, en la medida de lo posible, señalar los correspondientes paralelismos con la Justicia en general.

El marco legislativo que regula el sector bancario en España y los mecanismos de supervisión son el caldo de cultivo perfecto para generar una Justicia desigual, beneficiando a una de las partes de los contratos: los bancos. Los contrapesos a su asimétrico poder, relacionados con la capacidad del Banco de España y la CNMV de disciplinar a las entidades financieras, no funcionan. Los bancos no temen a los reguladores, más bien lo contrario. Asimilar dicha situación con la legislación y aplicación de esta a familiares de rancio abolengo no supone precisamente un ejercicio de funambulismo. El Código Penal castiga de forma proporcionalmente desigual a delitos de poca monta respecto a los grandes latrocinios de guante blanco, como queda en evidencia si analizamos las pocas condenas a gestores de las quebradas cajas de ahorro.

Con esta parcialidad de origen, la divergencia se acentúa cuando de recursos financieros hablamos. Un particular con unos ingresos medios tiene serias dificultades para costearse buenos abogados, pagar los servicios de peritos especializados en la materia y, además, asumir una posible condena en costas. Cuando Diego Torres contrata a un experto tributario como perito para que defienda que los congresos turísticos organizados por el Instituto Nóos fueron deficitarios, está utilizando al auxilio de un profesional independiente al que muchos demandados normales no podrían acceder.

Los jueces son más o menos independientes según sea su escalafón, profesionalidad y valía humana. No será este economista el que juzgue de forma general a todo un colectivo, ni para bien ni para mal. No obstante, incluso si estamos convencidos de la total independencia judicial, hay un factor que influye sibilinamente en la forma de impartir justicia: el estado de opinión judicial. Cuando antes de la crisis un cliente demandaba a un banco, las dificultades para ver resarcidos sus derechos eran mucho mayores que en la actualidad; la razón: los jueces daban por sobrentendido la seriedad de los profesionales bancarios a la hora de contratar y asesorar. Hoy en día, el estado de opinión judicial es muy distinto, a veces incluso uno diría que consideran inútiles a los bancos hasta que se demuestre lo contrario. Cuando la sección primera de la Audiencia Provincial de Baleares acuerda dejar en libertad sin fianza a Iñaki Urdangarin, con la obligación de comparecer una vez al mes ante la autoridad judicial de Suiza, los argumentos jurídicos pueden ser todo lo contundentes que uno quiera, pero se hace difícil creer que una persona anónima tuviera tal consideración. El hecho de estar amparado por el aura de la familia real puede que pese, incluso fuera de la esfera volitiva consciente, en la decisión.

La Justicia adolece de muchas carencias, limitaciones que perpetúan una resolución de conflictos desigual.

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