Vitrificación y conciliación

| Palma |

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Compruebo con una mezcla de estupor y vergüenza social la última tendencia que está desarrollándose en países ¿avanzados? y me temo que el nuestro acabe importando: se trata de la vitrificación de ovocitos.

Una de las causas por las que existen más problemas de fertilidad es porque las mujeres retrasan el momento de ser madres. ¿Por qué? La mujer se ve obligada a decidir entre la maternidad y su desarrollo profesional. En muchas ocasiones demoran esa decisión a edades próximas a los 40 o incluso algunos años por encima de esta frontera, esperando haber alcanzado una cierta estabilidad profesional, una buena situación económica, un cierto bienestar. Pero la naturaleza es sabia, a partir de cierta edad el cuerpo de la mujer no se encuentra preparado y van mermando seriamente las opciones de tener hijos, bien porque no es capaz de producir óvulos o bien porque los que producen no presentan la suficiente calidad.

La congelación de óvulos ofrece una alternativa a aquellas mujeres que desean demorar el momento de ser madres. ¿Qué desean? No, denominemos a las cosas por su nombre, a las mujeres que se les insta a demorar el momento de la maternidad.

No seré yo quien critique la actuación de las mujeres ante la tesitura a la que deben enfrentarse ni tampoco es mi pretensión abrir un debate moral. Centrándonos en España se hace necesario poner de manifiesto el largo camino que nos queda por recorrer en cuanto a medidas de conciliación de la vida personal y familiar.

Conciliar la vida laboral, familiar y personal significa encontrar las mejores fórmulas para compaginar, por ejemplo, el horario de trabajo con los requerimientos de nuestra vida personal y nuestras necesidades familiares. La responsabilidad social de las empresas debe contribuir a mejorar la calidad de vida y el desarrollo de las personas, por lo que las medidas expuestas deben ser, en buena parte, impulsadas desde las empresas y organizaciones, pero el legislador tiene –sin duda– una mayor responsabilidad.
España es uno de los países de la Unión Europea que da menos prestaciones sociales a las familias. Nuestro país, con el 25,6%, está algo más de 2 puntos por debajo de la UE, que destina de media el 27,8 del PIB según el Instituto de Política Familiar y aunque debido a la crisis se haya producido un fuerte incremento en gasto social –en España ha supuesto más de 5 puntos, sobre todo en prestaciones por desempleo y pensiones–, lo cierto es que seguimos 3 puntos por debajo de la media europea: 25,6 frente al 28,6 de la UE.

Pero es que a ello debemos añadir que en España tenemos un grave problema con la natalidad, que se ha ido reduciendo de forma alarmante durante los últimos veinte años. La esperanza de vida se va elevando, incrementándose, por tanto, el gasto social (pensiones, sanidad, servicios sociales) al tiempo que merma la natalidad. A ello debemos añadir que la inmigración y los efectos beneficiosos que conllevaba a nivel de población activa y cotización a la S.S. no solo se ha detenido sino que está descendiendo. Lo cierto es que si no se arbitran medidas correctoras nos abocamos –entre otros problemas de calado– a un déficit de la Seguridad Social. Solo entre 2012 y 2013 se consumieron 23.731 millones del fondo de patrimonio de la Seguridad Social, de los que 4.980 millones fueron del Fondo de Prevención y Rehabilitación, el conocido como fondo de las mutuas, y 18.651 millones del Fondo de Reserva.

¿Están nuestros políticos preparados para afrontar este reto con garantías?

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