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La Fundació Teatre Principal de Palma cuenta con 5,3 millones de euros más en sus cuentas gracias a la reciente inyección de la Agencia Tributaria en concepto de la devolución del IVA correspondiente al coste de la reforma del teatro, que se desarrolló entre 2005 y 2007. Al tratarse de una fundación, se puede solicitar que sea devuelta la totalidad del impuesto por la obra del espacio escénico, así como los intereses añadidos por la demora del tiempo transcurrido desde entonces. En concreto, la Administración de Hacienda ha ingresado a la fundación 4.089.385,51 euros, en base al impuesto, y 921.512,22 euros correspondientes a los intereses arrastrados, así como 404.059 euros por una partida extraordinaria para las obras, más 53.314 de interés.

El vicepresidente de Cultura del Consell, Joan Rotger, señaló ayer que esta entrada de recursos económicos permitirá al Teatre Principal «afrontar nuevos retos y proyectos que mejoren su oferta cultural y artística» y matizó que, «en principio, estos 5,3 millones de euros no servirán para financiar una remodelación del teatro que resuelva las anomalías detectadas en los trabajos de reforma». Rotger subrayó que «en cualquier caso, esta responsabilidad la debe asumir la empresa responsable de las obras».

Acuerdo

En este sentido, la gerente del espacio escénico de la calle Unió de Ciutat, Margalida Moner, avanzó que «en un plazo entre diez y quince días», los servicios jurídicos del Consell se reunirán con representantes la citada empresa que realizó la reforma, la UTE Dragados-Mascaró, para «intentar llegar a un acuerdo por el que subsanen las deficiencias encontradas en su trabajo de reforma» y, de esta forma, «evitar medidas judiciales».

Sobre la devolución del IVA, el proceso se inició durante la pasada legislatura, cuando la fundación trazó los trámites para la recuperación del impuesto arraigado al coste de la reforma del teatro. A partir de informes de los servicios jurídicos del Consell se reclamó a la Agencia Tributaria cerca de 4,5 millones de euros, pero la inspección de Hacienda no reconoció esa deuda y ofreció alrededor de 380.000 euros para llegar a un acto de conformidad. La Fundació mostró entonces su rechazo y en una junta del patronato, a fecha de 3 de marzo de 2010, se acordó firmar una disconformidad con la inspección y se nombraron a dos representantes para que alegaran la decisión de Hacienda. Dicha alegación fue presentada días más tarde, el 16 de marzo.