La transcripción del libro de notas manuscritas de Torrella se presentó ayer en el Consell de Mallorca. | Efe

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La Comisión de Economía del Senado aprobó ayer por unanimidad el informe en ponencia de la Ley de Economía Sostenible que incluye las dos enmiendas pactadas entre PSOE, PP y CiU para reformar la normativa del canon digital y rescatar la 'ley Sinde' en esta cámara.

De esta forma, la ley antidescargas será de nuevo introducida en el trámite parlamentario, tras su rechazo en el Congreso en diciembre, y será debatida en el pleno del Senado la próxima semana, antes de pasar al Congreso para ser aprobada definitivamente.

La enmienda sobre la 'ley Sinde' refuerza las garantías judiciales desde el comienzo del proceso de cierre de una página web de descargas de contenidos ilegales sujetos a derechos de autor. Además de este texto, PSOE, PP y CiU presentaron una enmienda que insta al Gobierno a modificar, en el plazo de tres meses desde la aprobación de la Ley de Economía Sostenible, la regulación del canon digital para que se adapte a la legislación de la Unión Europea.

A pesar de que el informe ha sido aprobado por unanimidad, el senador nacionalista Pere Sampol votó ayer en contra del proyecto legislativo de la 'ley Sinde'. «Se ha aprobado un texto que no satisface a nadie y que lo único que se pretende es favorecer a las grandes distribuidoras de películas norteamericanas», afirmó el parlamentario tras rechazar el informe de la ponencia.

Sampol anunció que el 8 de febrero presentará su voto particular en el pleno del Senado. Asimismo suscribió una enmienda de Coalición Canaria a través de su Grupo y que se debatirá en pleno para modificar la Ley de Propiedad Intelectual y asegurar que las administraciones públicas, las empresas, los profesionales y otras entidades sin ánimo de lucro queden exentos del pago del canon digital; y que además se presente un informe anual sobre la distribución de las cantidades recaudadas por cada entidad y todo ello, con efecto retroactivo.

Sampol mostró su disconformidad con las enmiendas aprobadas por el Gobierno, PP y CiU con las que se refuerza las garantías judiciales desde el comienzo del proceso de cierre de una página web de descargas de contenidos ilegales sujetos a derechos de autor así como otra que obliga al Estado a reformar la normativa del canon digital.