Los músicos se enfrentan a Assaig por el uso de las ayudas a los locales

La subvención de 90.000 euros anuales otorgada por el Ajuntament de Palma el pasado mes de diciembre a la Associació de Joves pel Foment de la Música (AJFM) ha encendido un debate entre la dirección de Assaig, donde están ubicados los locales de ensayo, y parte de los músicos de la AJFM. Estas discrepancias han provocado que Cort haya congelado la ayuda hasta que las dos partes en disputa lleguen a un acuerdo. Un enfrentamiento tal vez iniciado cuando la dirección de Assaig, formada por Pep Bauzá y Julián de Juan, se convierte en la de la asociación. En la actualidad, Bauzá y De Juan han dejado la AJFM, presidiéndola Joaquín José Dos Santos, que también trabaja en Assaig.

El problema empieza cuando se firman los primeros contratos, que oscilaban entre 150 y 220 euros al mes por local. La dirección del centro manifestó verbalmente, teóricamente, a los inquilinos que el precio «ya incluía la subvención», a pesar de no contar todavía con ella. «Manteniendo un precio no real permitíamos que estuviera rebajado», dijo Bauzá. Sin embargo, al no constar en el contrato, «un error», muchos de los músicos no se enteraron de esta medida. Al otorgar Cort la subvención esperaban que los precios de los locales bajaran. Cuando vieron que la bajada no se hacía realidad y que se presentaba por parte de la empresa un nuevo contrato que suponía un aumento del alquiler que, con el descuento, quedaba en el precio de siempre, el estado de crispación y de dudas creció.

Tolo Grimalt, Pedro Subiri, el abogado Pedro Cerdà y Antonio Fructuoso son los vocales de la asociación que lideran el sector crítico de la AJFM. Este sector ha publicado en la web isladelamusica.com un comunicado en el que se explica la situación, según su versión. «Los propietarios de Assaig han empezado a coaccionar a los músicos para que firmemos los contratos bajo la amenaza de sacarnos a la calle». Hasta ahora, se han recogido 113 firmas correspondientes a 34 de los 67 locales. «Las dos versiones son demostrables ante un juez, pero el error de forma en los contratos supone un engaño», dijo Cerdà. «No sabemos dónde están los 90.000 euros concedidos en 2004 y no nos han dejado consultar los estatutos».