Un borrador de la ley de universidades de Madrid plantea multas de hasta 100.000 euros a manifestaciones no autorizadas

Propone sanciones de hasta 15.000 euros a pancartas colgadas sin autorización

Archivo - El rector de la Universidad Carlos III de Madrid, Ángel Arias; la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y el consejero de Universidades, Emilio Viciana, a 19 de septiembre de 2024, en Getafe, Madrid (España) | Foto: Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

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Un borrador de la nueva ley regional de universidades plantea multas que van desde los 15.000 euros a los 100.000 euros por la realización de «manifestaciones no autorizadas que impidan el libre y pacífico ejercicio de las manifestaciones que sí han sido debidamente autorizadas o comunicadas dentro del campus» o por «permitir la ocupación de cualquier lugar del campus, o que se impida el acceso a los mismos o el uso de las instalaciones universitarias».

El borrador de la nueva normativa regional, adelantado por 'El País' y al que ha tenido acceso Europa Press, también incluye multas de entre 300 a 15.000 euros por «colocar pancartas o símbolos sin la debida autorización, o arrancar los que hayan sido debidamente autorizados».

El texto recoge una docena de supuestos en los que se incurriría en infracciones muy graves como «no garantizar, por acción u omisión, la pluralidad y la libertad en el campus, especialmente la libertad de expresión, y de cátedra» con multas de entre 100.000 euros y un millón de euros.

Así, en este apartado se incluye «ejercer o amparar, por acción o por omisión, cualquier forma de censura, discriminación o persecución por razón de nacimiento, nacionalidad, raza, sexo, religión, edad, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social» o también «impedir o dificultar la acción legítima de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dentro del campus universitario».

La nueva ley regional de universidades, conocida bajo el nombre de Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC), lleva meses negociándose entre la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades y los rectores de las seis universidades públicas.