El portavoz de Presidencia del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, ha criticado este martes al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), por dos decisiones que, según ha sostenido, salen de su «despacho», y que son las de «quitar competencias» a la interventora delegada del Servicio Andaluz de Salud (SAS), y la de «poner la Cámara de Cuentas a su servicio», y ello al hilo de las presuntas irregularidades por «fraccionamientos» de contratos de la Consejería de Salud denunciadas por el PSOE-A ante un juzgado de Sevilla.
En rueda de prensa en la sede regional del PSOE-A en Sevilla, Mario Jiménez se ha referido a estas cuestiones al hilo del debate de política general que se va a celebrar este próximo jueves en el Pleno del Parlamento al hilo de una comparecencia del presidente de la Junta, de quien el diputado socialista ha señalado que llega a este debate con la sanidad pública andaluza «saqueada y destrozada, siendo incapaz de decirle a los andaluces dónde están los más de 1.500 millones de euros que se han enchufado a la sanidad privada, y que hacen que en la sanidad pública los andaluces no encuentren a sus médicos, a sus enfermeros, no se les atienda en las pruebas diagnósticas que necesitan para salvar su vida, o no se les intervenga en plazo y forma, a riesgo de perder la vida».
En esa línea, el representante del PSOE-A ha sostenido que Moreno llega a este debate «poniendo en peligro la vida de millones de andaluces con una gestión de la sanidad que se resume en saqueo, privatización y abandono a la ciudadanía», así como «con una sombra inmensa de corrupción alrededor de la gestión de los fondos públicos de la sanidad, lo más sagrado que tienen los andaluces», según ha remarcado.
Mario Jiménez ha sostenido que el Gobierno del PP-A decidió en algún momento «iniciar un proceso de saqueo de la sanidad pública y de privatización y beneficio de las empresas privadas de la sanidad» en Andalucía y, posteriormente, «quitar todos los controles» previos, y ello «con la firma del propio Moreno Bonilla, levantando la fiscalización previa de todo el gasto sanitario del SAS y estableciendo un mecanismo de control financiero permanente» que, en opinión del parlamentario socialista, contribuyó a construir el «procedimiento ilegal» que se investiga en juzgados de Sevilla y Cádiz al hilo de denuncias del PSOE-A y Podemos, respectivamente.
En esa línea, Mario Jiménez ha señalado que «desde el despacho» del presidente de la Junta «se han dictado» medidas para «tapar la boca» a todo aquel que «puede contar lo que ha pasado dentro» del SAS, así como para «purgar a todos los funcionarios que han estado denunciando lo que ocurría y colaborando con la justicia», e incluso ha señalado que el Gobierno andaluz ha «terminado implicando en esa estrategia de ocultación a las instituciones de la autonomía», como el Parlamento, donde «se ha impedido la constitución de una comisión de investigación» propuesta por el PSOE-A por el tema de los contratos, según ha criticado.
«Pero no se han quedado ahí», porque «desde el despacho de Moreno Bonilla se ha decidido también poner a la Cámara de Cuentas a su servicio», según ha denunciado Mario Jiménez, que ha comentado «dos noticias» de este martes, empezando por una del diario 'El País' sobre que, «desde hace ya bastante tiempo, semanas, se han retirado sus competencias a la interventora delegada del SAS», de forma que «ya no lleva el control financiero permanente del Servicio Andaluz de Salud», según ha advertido.
"desmanes" del gobierno de moreno
El diputado socialista ha manifestado por ello que desde el Gobierno del PP-A «no quieren testigos incómodos», y, «con esta decisión sobre la interventora delegada del SAS, culminan la purga al cuerpo de interventores de la Junta de Andalucía, que no han cometido otro pecado que denunciar los desmanes» que «se estaban llevando a cabo por parte» del Ejecutivo de Juanma Moreno, según ha aseverado.
Mario Jiménez ha tildado de «escandaloso que se esté amordazando a la Intervención, que se le estén quitando competencias y que, encima, se le esté sustituyendo por personas que ni siquiera cumplen con los requisitos para hacer ese trabajo de Intervención», pero que son «de la camarilla del interventor general» de la Junta, Miguel Ángel Figueroa, «que al parecer viene dispuesto a limpiar todo rastro de lo que ha pasado ahí dentro, en vez de poner luz y claridad y levantar el velo» sobre lo ocurrido, ha apostillado el representante del PSOE-A.
Cámara de cuentas
Por otro lado, el parlamentario socialista se ha hecho eco de una información de 'eldiario.es' según la cual «el presidente de la Cámara de Cuentas» de Andalucía y exconsejero de la Junta en la pasada legislatura, Manuel Alejandro Cardenete, «cambió el reglamento interno de fiscalización para que no se investiguen los contratos fraccionados por el SAS», y «para que no se investigue, no se fiscalice por parte de la Cámara de Cuentas, su propia gestión, los contratos que el propio señor Cardenete fraccionó y dio a dedo cuando fue viceconsejero en primer lugar, y después consejero del Gobierno de Moreno».
Mario Jiménez ha dado por «seguro» que quien ha dado una «instrucción» para ello a Cardenete ha sido «el presidente de la Junta de Andalucía», que le habría pedido que «echara una manta de silencio sobre la gestión del SAS».
El representante socialista ha aprovechado así para justificar la proposición no de ley (PNL) que su grupo defenderá este miércoles en el Pleno del Parlamento para pedir la «reprobación» del presidente de la Cámara de Cuentas.
Además, Mario Jiménez ha remarcado que «el artículo 25 de la Ley de la Cámara de Cuentas establece que, cuando un miembro» de este órgano, «con más razón» si es presidente, «tiene que abordar un asunto en el que él es responsable de la disposición de esos gastos o de esos ingresos, tiene que abstenerse», como, según ha abundado, así hizo el propio Cardenete «en otros expedientes» de fiscalización ajenos a los de los contratos del SAS.
Ha criticado que, en cambio, «no se abstuvo» en la votación del «cambio del reglamento de fiscalización, porque su voto era decisivo» para que saliera adelante.
Mario Jiménez ha considerado que se ha producido «un posible caso de prevaricación del libro, porque Cardenete sabía perfectamente que su decisión era contraria a la norma, y votó en ese pleno para impedir que la Cámara de Cuentas fiscalizara su propia gestión al frente de los fondos públicos».
El caso del consejero de industria
Por otro lado, Mario Jiménez ha aludido al caso del consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, de quien ha insistido en criticar que cobre «millones de euros de una empresa» para la que había trabajado estando ya sentado en el Consejo de Gobierno y «siendo además responsable de la política industrial» de la Junta.
El representante socialista ha apuntado que Paradela «podría haber congelado la percepción de esos ingresos» mientras es miembro del Consejo de Gobierno, así como ha sostenido que, «desde luego, no está compatibilizando de manera regular su salario como consejero» con esa «percepción millonaria de la empresa en la que estaba» trabajando antes de pasar a la Junta.
Finalmente, Mario Jiménez ha señalado que «cabe la duda de si el Consejo de Gobierno ha podido tomar alguna decisión económica que hubiera podido beneficiar a la empresa o al grupo de empresas» de la que el titular de Industria «ha estado cobrando o está cobrando esta indemnización».
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