PP pedirá en el Congreso que el Gobierno "restituya" a la Junta las ayudas para la gratuidad del transporte a menores

En la iniciativa, consultada por Europa Press, se pide al Ejecutivo nacional que garantice «una aplicación equitativa y no discriminatoria de las normativas relacionadas con la financiación de programas sociales en todas las comunidades autónomas, evitando agravios comparativos como el ocurrido con Andalucía».

Asimismo, se pide al Gobierno central establecer «mecanismos de diálogo y coordinación con las comunidades autónomas para asegurar la correcta implementación y comunicación de las medidas financiadas por el estado, evitando decisiones unilaterales que perjudiquen a la ciudadanía».

Según el grupo del PP, el acceso al transporte público gratuito para los menores de edad constituye una medida esencial para promover la movilidad sostenible y aliviar la carga económica de las familias, pero, sin embargo, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha comunicado a la Junta de Andalucía «la retirada de dichas ayudas, alegando que la administración autonómica no había especificado en sus comunicaciones públicas que la financiación de la medida provenía del Gobierno central».

El PP añade que esta decisión ha sido calificada por la Junta de Andalucía como un «ataque desproporcionado» y ha anunciado acciones legales contra el ministro de Transportes, Óscar Puente.

Es importante destacar, según el PP, que otras comunidades autónomas, como el País Vasco, «han incumplido igualmente la obligación de mencionar la procedencia estatal de los fondos en sus comunicaciones, sin que el ministerio haya adoptado medidas similares».

«Esta disparidad de trato evidencia una aplicación arbitraria y discriminatoria de la normativa, perjudicando injustamente a los menores andaluces y a sus familias».

Ante esta situación, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado, según el PP, que el Gobierno autonómico asumirá el coste de la gratuidad del transporte para menores de 15 años, beneficiando a aproximadamente 1,2 millones de menores en la comunidad. «Esta medida, aunque necesaria para evitar el perjuicio a las familias andaluzas, supone una carga económica adicional para la Junta, que debe ser compensada por el Gobierno central», según señala el PP.

Además, según el PP, la retirada de estas ayudas se produce en «un contexto en el que Andalucía ya ha manifestado su preocupación por el trato desigual recibido en la distribución de inversiones por parte del Gobierno central». «La decisión del Ministerio de Transportes no solo afecta a las arcas de la Junta de Andalucía, sino que también tiene un impacto directo en las familias andaluzas», según el PP.