Entidades presentan alegaciones al reglamento de uso de táser del Ayuntamiento de Barcelona

En una atención a los medios frente al consistorio el día que vence el plazo para presentar alegaciones, desde Irídia-Centre per la Defensa dels Drets Humans, Irene Urango, ha manifestado que «es la última oportunidad para que el Ayuntamiento de Barcelona incorpore garantías de protección a los derechos humanos» a una propuesta que las entidades valoran como deficiente.

Desde Irídia recuerdan que, desde que el Ayuntamiento de Barcelona anunció su intención de incorporar estas armas de uso policial, las entidades mostraron reiteradamente su preocupación, pues consideran que se trata de un arma «potencialmente letal que comporta graves riesgos para la protección de los derechos humanos».

Critican que, tal y como está redactado actualmente el reglamento «se podría dar cobertura legal» a graves vulneraciones de estos derechos, entre los que destacan su uso en menores de edad o en personas que se encuentran atravesando una crisis mental.

Por todo ello, exigen que su uso se limite a situaciones que comporten un grave riesgo para la vida o lesiones graves y que las actuaciones se graben de forma «obligatoria» para poder realizar una trazabilidad de las mismas.

Recuerdan que las táser son un arma de descarga eléctrica «potencialmente mortal» y subrayan que existe un caso documentado en Badalona (Barcelona), en noviembre de 2021, en el que falleció una persona, Antonio, cuya familia sigue exigiendo verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Estándares internacionales

Desde Irídia critican que 79 municipios en Catalunya acumulaban en 2023 un total de 134 pistolas táser «sin que esta decisión vaya acompañada de mecanismos de control efectivos» y que toman como referencia la instrucción de Mossos d'Esquadra, de la que han dicho que tampoco se adecúa a los estándares internacionales de derechos humanos.

Desde Amnistía Internacional Catalunya, Júlia Pérez ha alertado de que los supuestos en los que el Ayuntamiento avala su uso son «demasiado amplios y vagos» como, por ejemplo, poner en riesgo la seguridad ciudadana o como previsión a que se produzca una agresión, en sus palabras.

También ha indicado que el propio fabricante alerta de que el riesgo aumenta considerablemente cuando el arma se utiliza sobre personas que tienen una masa corporal muy baja, por lo que exigen que no se utilice a partir de los 14 años, como prevé el reglamento, sino solo sobre adultos.

Sin embargo, piden excluir a las personas vulnerables, como enfermos mentales o personas que se encuentren bajo los efectos del alcohol u otras sustancias por el riesgo que comporta su uso y que se prohíba en contextos de manifestación o concentraciones «sin excepciones de ningún tipo».

Asimismo, desde Amnistía Internacional piden que el protocolo de actuación por el que se regirá la Guàrdia Urbana de Barcelona se haga público.

Salud mental

El responsable de incidencias de salud mental en Salut Mental de Catalunya, Iván Cano, ha recordado que existe un convenio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que la Generalitat de Catalunya ha firmado, así como un plan de salud mental con una línea específica en perspectiva de derechos.

Considera que el uso de la táser no sólo está contraindicado en personas que sufran una crisis, sino que es «una respuesta simple de la Administración» ante situaciones de sufrimiento psíquico extremo y de situaciones de agitación psicomotriz y piden que este tipo de casos se aborden con más servicios y recursos para la salud mental para garantizar un trato digno.

Asimismo, Cano ha puesto en valor que Barcelona fue la primera ciudad de Catalunya en elaborar un plan de salud mental, por lo que pide que se continúe con esta trayectoria de respeto a los derechos de todas las personas.

Informe de sos racisme

Por último, desde SOS Racisme Catalunya Kaire Ba ha manifestado que la «sobrevigilancia policial» siempre afecta a las personas de los márgenes y, concretamente, a las personas extranjeras y racializadas y que habitan en los barrios de la periferia.

Según los datos de un informe de Sos Racisme de 2021, de cada 100 personas extranjeras se identifica a entre 19 o 20, frente a las 5 o 6 españolas, «siempre teniendo en cuenta que las personas extranjeras son muchas menos, pues representan el 16% de la población total».

Por eso, Ba sostiene que desde la entidad intuyen «que los cuerpos de las personas no blancas se verá directamente afectado y en peligro de manera totalmente gratuita» con el uso de estas armas.

Valoración técnica

Las entidades también critican que no se haya hecho «ninguna evaluación técnica independiente» sobre la necesidad real de su incorporación ni sobre sus impactos en el derecho a la salud y los derechos humanos, que no se hayan abierto espacios de diálogo con las organizaciones de la sociedad civil ni se haya respondido a sus comunicaciones.

Fue el pasado 19 de marzo cuando la Comisión de Presidencia, Seguridad y Régimen Interior aprobó la propuesta de reglamento, un documento que estas entidades consideran «insuficiente y que supone un riesgo», pues según ellas no incorpora las salvaguardas internacionales de protección de derechos humanos.

Por eso, piden que su contenido incorpore el máximo de recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos y que el uso de estas armas se limite estrictamente a lo que establecen los estándares internacionales.

Las alegaciones presentadas incluyen el texto original del reglamento, las propuestas de modificación, eliminación o adicción, y la correspondiente justificación de acuerdo con las recomendaciones de organismos internacionales, el Síndic de Greuges de Catalunya e investigaciones científicas, entre otros.

Con este gesto, instan al Ayuntamiento y grupos municipales a hacer suyas las recomendaciones e incorporar el máximo de garantías para la protección de los derechos humanos en el futuro reglamento sobre el uso de pistolas eléctricas.