Aragón reitera su 'no' a los criterios de reparto de menores migrantes en la Sectorial de Infancia y Adolescencia

Así lo ha confirmado la consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, quien ha acudido en representación de la Comunidad Autónoma a Madrid este lunes por la tarde a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, un encuentro en el que las Comunidades Autónomas no han votado.

«Después de cinco horas de Conferencia Sectorial en la que las Comunidades Autónomas hemos manifestado nuestra posición --la que venimos reiterando desde que se conoció el contenido del Real Decreto-- el Gobierno, al ver que tenía la votación perdida, incluso porque Comunidades del PSOE iban a votar en contra del punto 2 del orden del día, no nos ha dejado votar», ha explicado Susín, quien ha tachado de «surrealista» que el Ejecutivo no retirara el punto del orden del día.

«En una convocatoria que era ilegal, cuando han llegado y han visto que iban a perder la votación porque las Comunidades Autónomas, incluida Castilla-La Mancha, habíamos anunciado que íbamos a votar en contra y a presentar recursos de inconstitucionalidad, deciden que no dejan votar», ha detallado Carmen Susín.

«Realmente este Gobierno no tiene un plan; no saben qué van a hacer con los menores de Canarias», ha añadido, y ha calificado la situación vivida esta tarde en la Sectorial de «opereta».

Susín ha agregado que el rechazo de Aragón se debe a que el acuerdo está basado «en la desigualdad» y no tiene en cuenta el esfuerzo que se ha hecho a lo largo de estos años en la acogida de menores migrantes.

«Se está castigando a las Comunidades Autónomas que, como Aragón, llevan años mejorando la atención a los menores bajo su tutela y se premia a las que no han hecho ningún esfuerzo en la desinstitucionalización de esos menores vulnerables», ha señalado.

Aragón es "solidaria"

La consejera de Bienestar Social y Familia se ha referido a Aragón como una Comunidad «solidaria» que aspira a poder atender «con toda la dignidad que merecen» a menores que se encuentran en una situación de «extrema vulnerabilidad», algo que es «imposible de hacer si se lleva al límite al sistema autonómico de protección de menores».

«No olvidemos que son precisamente esos menores quienes están siendo los paganos de la sumisión del Gobierno de España a sus socios y de la inexistente política migratoria del Estado», ha dicho, «y no hay menores de primera y menores de segunda».

En este sentido, la consejera aragonesa ha indicado que «hoy por hoy» la Comunidad no tiene la capacidad ni las infraestructuras ni el personal suficiente para atender «esas cifras tan elevadas de menores».

Carmen Susín ha recordado, además, que el Gobierno central sigue incumpliendo el reciente auto del Tribunal Supremo que obligaba al Estado a asumir la tutela de 1.200 menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo y que actualmente están siendo atendidos por la Comunidad Autónoma de Canarias.

«Están diciendo que el Gobierno no tiene medios para hacerse cargo de todos ellos, ¿y las Comunidades Autónomas sí tenemos esos medios?», se ha preguntado la consejera, quien también ha mostrado su disconformidad con que ese millar de menores haya sido incluido «una vez más, por la puerta de atrás» en el reparto abordado este lunes.

Sin contar con las ccaa

Susín ha remarcado que la propuesta de contingencia migratoria diseñada por el Gobierno de Pedro Sánchez que se ha llevado a esta Conferencia Sectorial se ha hecho sin contar con las Comunidades Autónomas y con el único objetivo de que ese reparto de menores no acompañados se hiciera «a la medida de lo que ha exigido Cataluña», ha expresado, «o mejor dicho, de lo que reclama un partido independentista, cuyo líder es además un prófugo de la Justicia».

«¿Por qué ahora, sin ningún criterio objetivo, se establece que debe haber una plaza para menores extranjeros no acompañados cada 2.500 habitantes?», se ha preguntado la consejera Susín: «El único motivo es que es esa cifra la que le conviene a Cataluña, que sólo va a acoger a 30 menores», ha criticado.

Respecto a los 100 millones del crédito extraordinario que el Ministerio de Juventud e Infancia afirma que van a destinar a sufragar los gastos derivados de este reparto, la representante de Aragón en la Sectorial ha lamentado que sólo se servirán para costear los traslados y para las Comunidades que en el RDL se señalan como 'tensionadas'; esto es, Cataluña, Ceuta y Canarias, lo que «supone otra financiación encubierta para Cataluña, una vez más», ha protestado.

«Aragón, por dictado del señor Puigdemont, tiene que tener 450 plazas para atender menores no acompañados, aunque estén vacías, y además no van a contar con ninguna financiación del Estado», lo que supone una «discrecionalidad manifiesta», ha aseverado Susín: «Todo es un despropósito para arreglar un problema que ha creado el Estado y beneficiar una vez más a Cataluña y, en último término, a Pedro Sánchez».

Coordinación, planificación y lealtad

Durante la reunión de la Sectorial, Aragón ha reclamado de nuevo «coordinación, planificación y lealtad», puesto que ese paso de la solidaridad a la obligatoriedad en la acogida de menores migrantes no acompañados se ha hecho sin contar con las autonomías y, al mismo tiempo, poniendo sobre ellas toda responsabilidad en lo que es, a juicio del Gobierno de Aragón, «una invasión competencial y contraria a la Constitución», en palabras de Susín.

Este Real Decreto Ley establece que la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia debe acordar por unanimidad los criterios relativos al reparto y que, en su defecto, rige el artículo 35 bis, que implica que si no se llega a ese acuerdo se imponen los criterios establecidos «a la medida de Cataluña», ha precisado.

«Sí o sí seguiremos con todos los recursos jurídicos, porque seguimos considerando que es una Ley injusta, hecha a medida de Cataluña, y que además vulnera claramente la Constitución», ha añadido.

Queda pendiente tras esta Sectorial aprobar el Reglamento de Desarrollo del Real Decreto Ley, en el que tiene que haber un Protocolo Marco de menores extranjeros no acompañados, y después el Plan de Respuesta en otra Conferencia Sectorial, así como otro Real Decreto para dar cumplimiento a las previsiones del Plan de Respuesta, han apuntado desde el Ejecutivo aragonés, que mantendrá su oposición ante cada uno de esos posibles pasos con las acciones legales que considere pertinentes.

Recursos y medidas contra el real decreto ley

El Gobierno de Aragón ha refrendado con su voto en contra de este lunes por la tarde en la Sectorial la postura que ha mantenido en las últimas semanas relativa al Real Decreto Ley, que considera inconstitucional y contra el que presentó la semana pasada el correspondiente recurso ante el TC, y también ante todos los actos administrativos que se sucedan al amparo del mismo. De hecho, también recurrió la convocatoria de esta Conferencia con un contencioso-administrativo, admitido a trámite la semana pasada por la Audiencia Nacional.

Dado que la convocatoria fue suspendida por el apagón, el recurso se amplió a la nueva fecha mediante un escrito.

Este recurso se suma al presentado para impugnar el requerimiento formulado por el Ministerio de Juventud e Infancia de remisión de los datos relativos a las plazas y ocupación de los centros de menores en Aragón, que fue el primer acto administrativo derivado de este Real Decreto Ley.