El Govern y los Comuns han acordado aumentar la dotación de la Generalitat a las políticas de vivienda alcanzando los 850 millones de recursos propios, así como ampliar el cuerpo de inspectores y crear una unidad antidesahucios como condiciones para convalidar en el Parlament los 2 suplementos de crédito ya aprobados por el Govern.
Lo han anunciado este lunes la consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, y la presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, en una rueda de prensa en la Conselleria para explicar los detalles del acuerdo.
Contempla también inversiones en salud mental y bucodental por valor de 23 millones de euros en total, y destinar 20 millones a la empresa pública de energías renovables L'Energètica, mientras que otros temas se incluirán en la negociación de un tercer suplemento de crédito, para el que aún no han alcanzado a un acuerdo, ha explicado Albiach.
Romero ha celebrado el acuerdo y se ha mostrado satisfecha porque «la gran mayoría de los acuerdos van en la línea de las prioridades» del ejecutivo, y ha confiado en llegar a sendos acuerdos con ERC y Comuns para un tercer suplemento de crédito, que espera aprobar en mayo.
Medidas en vivienda
La ampliación de recursos en vivienda permitirá a la Generalitat, junto a los créditos de 600 millones del Institut Català de Finances (ICF), disponer de un total de 1.450 millones de euros, y se priorizará destinarlos «a la construcción de vivienda de protección oficial, a fomentar el alquiler social, a fomentar la vivienda cooperativa y también a la rehabilitación del parque» de vivienda, en palabras de Albiach.
La ampliación del cuerpo de inspectores se concretará en una ampliación de 60 efectivos «antes del 30 de junio», mientras que se acuerda la voluntad de alcanzar los 100 efectivos antes de finalizar el año 2025.
Además, se dotará con 50 personas a la unidad de prevención y actuación contra los desahucios que ofrecerá acompañamiento jurídico, social y mediación entre las familias y los propietarios y también con los juzgados; y la Oficina de No Discriminación de la Generalitat hará un «informe sobre el impacto del racismo inmobiliario».
Salud y l'energètica
De los 23 millones acordados para salud bucodental y salud mental, 13 se destinarán al despliegue de la ley de Salud Bucodental con el objetivo de cubrir una cartera de servicios para personas con discapacidad intelectual y en situación de vulnerabilidad, y 10 para financiar el Plan Nacional para la Salud Mental.
Forma parte también del acuerdo aumentar en 20 millones de euros la dotación a L'Energètica que los Comuns confirmaron la semana pasada y que servirán para invertir en proyectos de distribución y en la implantación de una red pública de estaciones de carga para vehículos eléctricos.
TERCER SUPLEMENTO
Según Romero, los acuerdos en paralelo con ERC y los Comuns son compatibles, ha garantizado que todas las propuestas que han acordado están incorporadas en el primer y el segundo suplemento de crédito que se convalidarán próximamente en el Parlament: «Ahora quedan unos 500 millones que deberemos ver cómo cerramos», ha dicho, en referencia al tercer suplemento de crédito.
Ha admitido que una vez aprobados los suplementos, las conselleries deberán repriorizar sus recursos porque «no hay más recursos que los que vendrán, que son 4.000 millones de euros» entre los tres suplementos, algo que saben textualmente desde hace muchos meses.
Por su parte, Albiach ha calificado de parcial el acuerdo, y ha especificado que cuestiones en ámbitos como educación, derechos sociales, pobreza infantil e inversiones territoriales serán sus prioridades en las negociaciones del tercer suplemento que empezarán «las próximas semanas, los próximos días».
«Dijimos que con presupuestos o sin presupuestos el acuerdo de investidura debía cumplirse y por eso estamos aquí, porque lo que hemos negociado y lo que hemos acordado con el Govern está recogido en el pacto de investidura», ha sentenciado.
TASA TURÍSTICA
Preguntadas por la posición de ERC respecto al decreto sobre la tasa turística que acordaron el Govern y los Comuns, Albiach ha calificado de «profundamente decepcionante» la postura del partido, y que un posicionamiento en este sentido se lo esperaban de Junts, pero no de ERC.
Aunque se ha mostrado abierta a dialogar sobre esta cuestión, ha considerado que «se equivocan profundamente» y ha afirmado que el planteamiento de que el recargo a la tasa aplique solo entre abril y octubre no tiene en cuenta la realidad de Catalunya.
«Quien va a esquiar a Baqueira, a un hotel de 4 o 5 estrellas, con la propuesta que hace ERC pagaría menos tasa turística que la que se paga actualmente. Pero ocurre lo mismo, por ejemplo, con todas aquellas personas que vengan al Mobile, que es en febrero o marzo», ha sostenido.
Por su parte, Romero ha defendido que posponer la entrada en vigor de la tasa y tramitar el decreto como proyecto de ley se hizo de acuerdo con los Comuns, y que están trabajando con ambos grupos parlamentarios para «intentar fijar cuáles son los márgenes de estas modificaciones».
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