Las Cortes de Aragón proponen implementar un Plan General de Mejora de la Calidad de los Servicios Públicos

Este plan de mejora de la calidad de los servicios públicos, señala la moción, deberá incluir las medidas específicas a implantar, una memoria económica y la obligación de remitir el plan al Parlamento para su debate y evaluación en sesión plenaria.

También han pedido activar el funcionamiento efectivo de la Comisión para la Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios Públicos, creada por ley en 2013, «dotándola de recursos técnicos y humanos suficientes, con personal propio del Departamento, para garantizar la continuidad, independencia y eficacia de sus funciones, y estableciendo un calendario de sesiones, así como un sistema de rendición pública de resultados a través de informes periódicos presentados ante esta Cámara».

Además, la moción exige la elaboración y ejecución de un plan integral de mejora de la gestión presupuestaria que conlleve la gestión del presupuesto autonómico por programas, la puesta en marcha de un sistema de contabilidad analítica o de costes, el refuerzo del control financiero del sectos público y la integración efectiva de la gestión de la contratación del Salud en la Dirección General de Contratación del Gobierno de Aragón.

La Comisión ha planteado también la confección y aplicación de un Plan de Evaluación de Políticas Públicas, con un marco metodológico común que incluya criterios objetivos, técnicas de análisis coste-beneficio y un enfoque orientado a resultados, así como la priorización de las políticas y programas a evaluar, la remisión de informes periódicos de evaluación a las Cortes y la revisión de «políticas ineficaces».

El diputado de Vox Fermín Civiac ha señalado que «los aragoneses merecen eficacia y transparencia en la gestión de los servicios públicos», criticando que «en dos años este Gobierno no ha mejorado en nada la calidad de los servicios», aunque «no todo va mal» en el ámbito de la economía: «Estamos fallando en la gestión, especialmente en materia presupuestaria».

Ha apuntado que en la ejecución del presupuesto de 2024 hay desviaciones de gasto en sanidad y educación, debido al «descontrol», y ha preguntado «dónde están los avances en la mejora presupuestaria».

Civiac ha exigido aprobar un plan integral de la mejora presupuestaria y «evaluar el rendimiento de cada euro» con «un control efectivo en el Salud, con fiscalización en gastos clave» e integrar la contratación en el Salud dentro de la Dirección General de Contratación, ya que «en dos años no se ha mejorado nada en la mejora de la calidad de la gestión de las compras».

El parlamentario de Vox ha urgido a evaluar las políticas públicas, alertando de que «se está normalizando que el Gobierno incumpla las leyes», y ha recomendado «priorizar las políticas de alto impacto» con especial énfasis en el control y la evaluación, así como un plan de mejora de la calidad de los servicios públicos con un debate en las Cortes, y activar la Comisión de evaluación de las políticas públicas.

El Gobierno carece de «un rumbo claro» y «merecemos una gestión eficiente, transparente y al servicio de los ciudadanos», ha continuado Civiac, defendiendo «un Aragón que no se conforma con la mediocridad».

La parlamentaria del PP Blanca Puyuelo ha indicado que el Gobierno de Aragón ya publicó una Orden para mejorar la gestión y que la implantación de la contabilidad analítica tiene una base legal clara. También ha dicho que el Salud ya está en el ámbito de la Dirección General de Contratación.

La Administración aragonesa forma parte desde el pasado mes de abril de la red española de evaluación de las políticas públicas y ha apoyado la creación de una comisión de evaluación. Ha presentado una enmienda 'in voce'.

"parálisis"

En el turno del PSOE, Óscar Galeano se ha mostrado de acuerdo con que «el PP vive de rentas» y que el Gobierno de Jorge Azcón vive «en la parálisis», proponiendo una enmienda 'in voce' para proponer fortalecer el cumplimiento de los principios que rigen el actual marco normativo de gestión presupuestaria y de la evaluación de las políticas públicas en el marco de la Agenda 2030 para impulsar «la igualdad social y territorial, y la creación de empleo estable y digno».

Para el portavoz de CHA, José Luis Soro, Vox pide «consenso» pero su moción no es «constructiva». Ha defendido el control financiero «de forma rigurosa» y avanzar en la planificación presupuestaria, en la línea marcada por la Cámara de Cuentas, y orientar el gasto a «resultados» en el medio rural y urbano, con sistemas de evaluación operativos.

Ha urgido a implantar la contabilidad analítica para conocer los costes reales de los programas y los servicios públicos de cara a reforzar la transparencia, también mejorar la trazabilidad del gasto y no crear cargas desproporcionadan en los procedimientos, también evaluar las políticas públicas con planes plurianuales contando con «los medios adecuados». «Tenemos que cambiar la cultura de la gestión presupuestaria» independientemente de quién gobierne.

En representación de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha preguntado a Vox si quiere defender el medio rural o simplemente una gestión basada en la eficacia y eficiencia económica porque, si es así, «tenemos que cerrar todos los centros de salud rurales y los CRA».

Ha rechazado la moción en sus términos por el modelo de Estado y de gasto público para el territorio, señalando que «se debe medir en términos sociales, no económicos» porque el presupuesto «no es un fondo de inversiones» y en ocasiones «no es rentable» en términos económicos.

El diputado de IU, Álvaro Sanz, ha preguntado a Civiac «si va a haber presupuestos» y «cómo van esas negociaciones» con el PP, ha defendido la mejora de la gestión de las políticas públicas, recomendando evaluar la privatización de los servicios públicos, «que acaba saliéndoos más cara», y ha criticado la perspectiva «economicista» de la gestión que propone Vox.

Sanz ha defendido el carácter social del gasto público y ha echado en cara a Vox que «busca coartadas para recortar», poniendo el ejemplo del Salud, aunque ha apoyado la elaboración de un plan de mejora de los servicios públicos, nunca para recortar el gasto social «agresivo y ajeno a una política social de verdad».