PSOE-M llevará a Fiscalía los protocolos de residencias durante el Covid para que sean "debidamente investigados"

Así lo ha anunciado el secretario general del partido en Madrid y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, durante un acto de recuerdo de los fallecidos en el quinto aniversario de la pandemia celebrado en el Ateneo de Madrid junto a familiares de los fallecidos.

«Hay que llegar hasta el final. Hay que esclarecer todos los hechos. Hay que aprender la lección para no repetir los errores en el futuro. Y se tienen que depurar responsabilidades también. Y se tiene que pedir perdón a las familias y a las víctimas», ha lanzado López.

Al hilo, ha afirmado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el Ejecutivo regional están tratando de «tapar este asunto». «Tratan de pasar página, de que no se hable de él. Se han puesto excusas de todo tipo», ha censurado.

Desde el partido, han explicado que ven imprescindible que se escuche en los tribunales los altos cargos de la Comunidad de Madrid con responsabilidades durante la pandemia que manifestaron «públicamente sobre su elaboración, reconociendo públicamente que no eran adecuados y suponían una discriminación absoluta para las víctimas, algo que se evidenció desde el mismo momento de su aprobación».

Así, los socialistas consideran que la investigación de la «confección, aprobación, implicación y las consecuencias de la aprobación de los Protocolos de la vergüenza», añadiendo si pudieran ser constitutivo de delito de prevaricación (art. 404 del Código Penal) o el 511 de denegación de prestaciones por parte de un servidor público.

En el documento aseguran que hasta el momento los juzgados de instrucción han «analizado las implicaciones penales en relación con las víctimas» sobre delitos de «homicidio imprudente, trato vejatorio, prevaricación, contra los derechos de los trabajadores y denegación de auxilio» sin que se hayan determinado «responsabilidades penales de nadie».

Recuerda, además, que la Fiscalía ya presentó nueve nuevas denuncias el 17 de marzo para investigar si alguna residencia de la región denegó la prestación sanitaria por motivos discriminatorios en la pandemia por parte de los geriatras.