El Tribunal Supremo inadmite el recurso del Ayuntamiento contra la anulación de la ordenanza de terrazas

La sentencia, fechada el pasado 12 de marzo y a la que ha tenido acceso Europa Press, remarca que «no se puede apreciar el interés casacional y la necesidad» de un pronunciamiento por parte de los jueces. Además, falla la imposición a los recurrentes de costas procesales de una cifra máxima de 2.000 euros.

«En este caso se está ante una modificación de una ordenanza existente, por lo que la trascendencia no es palmaria, más allá de que la fundamentación de la citada trascendencia la basa, entre otras razones, la preparación del Ayuntamiento en la necesidad de incorporar mayores exigencias medioambientales, cuando se está precisamente ante una sentencia que anula dicha modificación por cuanto no ha contado con el oportuno análisis ambiental», señala.

El TS afirma que los dos argumentos de la sentencia recurrida para anular la modificación de la ordenanza, ausencia de informa de impacto presupuestario e informe ambiental, se basan en las especiales circunstancias del procedimiento de tramitación de la citada ordenanza y en un análisis adaptado al caso de la necesidad de dichos informe, puesta de manifiesto por informes y directrices internas del propio Consistorio. Por ello, la sala «no puede apreciar» el interés casacional, así como un pronunciamiento.

Desde el Grupo Municipal Socialista, que presentaron un recurso contra la ordenanza aprobada en el Ayuntamiento de Madrid en enero de 2022, han defendido que están «muy satisfechos» con que la ordenanza de terrazas «haya quedado por fin zanjado».

«Pusimos este recurso porque la ordenanza tenía unas deficiencias imperdonables y la tramitación había sido una chapuza. Estamos más que acostumbrados con el Gobierno del señor Almeida, que es una tras otra, planeamientos y ordenanzas, que los tribunales anulan porque introducen unas deficiencias que son imperdonables», ha subrayado el concejal Antonio Giraldo en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.

El edil del PSOE ha lamentado que el Gobierno municipal «siga gastando y dilapidando recursos públicos en recursos que ni siquiera se les admiten». Ha criticado que «una vez más pagarán los madrileños por su mala praxis en la labor legislativa y en las nulas posibilidades que luego tienen para recurrir».