El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Iñaki Subijana, ha reivindicado que, en materia de violencia de género, deben «coexistir» el espacio jurídico de protección a las víctimas y el de defensa de las personas investigadas o acusadas. «La suma de espacios integra el arquetipo del juicio justo», ha afirmado.
Subijana ha participado este jueves en la inauguración de las Jornadas sobre 'El derecho del consumo ante el reto de la inteligencia artificial y los retos de instancia', organizadas por Juezas y Jueces para la Democracia en Bilbao (JJpD), con la participación de un centenar de magistrados de distintos puntos del Estado.
Junto a Subijana, han participado en la inauguración el consejero de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno, Javier Hurtado, y la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, así como el decano del Colegio Notarial del País Vasco, Ángel Anclares, y la miembro del secretariado de Juezas y Jueces para la Democracia Belén Tomás.
En su intervención, el presidente del TSJPV ha aludido a algunos de los retos que van a analizarse en estas jornadas, entre ellos el de la violencia de género y, en concreto, se ha referido a la necesidad de «seguir apostando por construir los espacios jurídicos coetaneos».
«El espacio jurídico de protección de las afirmadas víctimas o de las víctimas, según la fase procesal en la que nos encontremos, hay que seguir apostando por ello, pero que no sea a costa del espacio jurídico de defensa de las personas investigadas o acusadas», ha planteado.
Así, ha incidido en que «ambos espacios tienen que coexistir y la suma de espacios integra el arquetipo del juicio justo, que es el juicio en definitiva que garantiza el derecho de defensa y la presunción de inocencia y que garantiza el acceso a la protección y reparación de las víctimas».
Asimismo, ha citado el reto «organizativo» de la implementación de los tribunales de instancia y ha planteado por «seguir apostando por que la Oficina Judicial sea el medio y no sea el fin».
Subijana ha advertido asimismo de que «una justicia tardía no es justicia». «Todo lo que sea una justicia ágil en la toma de decisiones es una buena opción», ha defendido. A su entender, el reto es «el incremento de planta judicial» porque «el problema de la justicia, sustancialmente, tiene que ver con que tenemos siete u ocho puntos por debajo de la Unión Europea en el número de jueces y jueces por cada 100.000 habitantes».
Finalmente, en materia de identidad sexual, ha aludido al reto de «colocar el derecho al servicio no sólo de lo que es el espacio negativo, de la prohibición de la discriminación, sino también en el espacio positivo, de la afirmación y la identidad desde la libertad».
Por su parte, el consejero de Turismo, Comercio y Consumo ha recordado que la judicatura y Kontsumobide comparten la misión de reforzar y velar por los derechos de consumo en sus diferentes ámbitos competenciales.
Hurtado ha destacado el «importante esfuerzo» que se ha realizado desde Kontsumobide para la «adecuación de las herramientas a los nuevos hábitos de consumo y pago, principalmente con el desarrollo de una nueva Ley de consumo, el Estatuto de las personas consumidoras y usuarias aprobado en abril de 2023».
En palabras del consejero, «se trata de una ley moderna, pionera en algunos aspectos, que es de las más avanzadas y que refuerza los derechos, especialmente de los colectivos más vulnerables».
En todo caso, ha incidido en que «para que las herramientas de esta ley sean efectivas no solo es necesaria la labor de Kontsumobide, sino la de juezas y jueces que la aplican, que sientan jurisprudencia, que reconocen y defienden los derechos de las personas consumidoras».
Por su lado, la consejera de Justicia y Derechos Humanos ha destacado que «espacios de reflexión» como estas jornadas son «fundamentales para seguir avanzando en la protección de los derechos de las personas consumidoras, especialmente en un contexto globalizado y digitalizado, donde las nuevas tecnologías y modelos de consumo presentan desafíos constantes».
San José ha subrayado la importancia de garantizar un «plus de protección» para colectivos vulnerables, como las personas mayores, que sufren desconexión digital y son especialmente susceptibles a cláusulas abusivas en contratos de adhesión o impuestas a través de plataformas tecnológicas.
La consejera también ha destacado el trabajo realizado desde el Gobierno Vasco para garantizar la defensa colectiva de los derechos de los consumidores y la creación de «mecanismos eficaces que permitan a todos», especialmente a las personas en situación de vulnerabilidad, acceder a la justicia gratuita y a la protección de sus derechos. «La justicia debe ser un derecho real y efectivo, y no puede haber barreras económicas, sociales ni geográficas que impidan que los ciudadanos ejerciten sus derechos», ha señalado.
La ia
Tras la inauguración, los participantes analizarán hasta el viernes distintos asuntos, como el reto que supone para el Derecho del Consumo la cada vez más amplia utilización de sistemas de inteligencia artificial.
Según ha explicado el portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, Edmundo Rodríguez Achútegi, la aplicación de la IA está suponiendo «una elevación grandísima del número de litigios», lo que genera «una carga de trabajo importante».
En este marco, ha apelado a abordar que los tribunales empiecen a aplicar técnicas de inteligencia artificial para «tramitar esta enorme litigiosidad» y «auxiliarnos en nuestro trabajo, porque es posible también que, sobre todo en la litigación en masa, podamos emplear estas técnicas».
No obstante, ha advertido de la necesidad de dotarse de «aplicaciones de inteligencia artificial que no sean privadas», sino potenciadas por las administraciones públicas para evitar sesgos y la cesión de datos personales.
Por otro lado, las jornadas van a analizar la protección de las personas consumidoras a partir de la entrada en vigor de la reforma legal que generaliza los tribunales de instancia.
Desde JJpD han explicado que la reorganización del trabajo judicial debe perseguir que en las secciones especializadas en consumo de los tribunales de instancia «se dé respuesta judicial eficaz, rápida y de calidad, evitando los enormes retrasos que hasta la fecha padecen las reclamaciones de este tipo».
Además, se analizará el proyecto de Directiva (UE) 2020/1828 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2020 relativa a las acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores.
En materia de igualdad, las jornadas van a abordar la necesidad de «hacer esfuerzos» para que las desigualdades en materia del consumo --«se trata diferente al género femenino que al masculino» ha advertido el portavoz de la asociación-- «desaparezcan, se palíen, se equilibren para garantizar los derechos de todo el mundo».
Por lo que respecta a la violencia de género, se va a analizar que «también los nuevos tribunales de instancia tienen que reorganizar el trabajo para que se pueda dar una atención mejor a las víctimas que acuden a denunciar».
«Otra materia que preocupa es que se ha ampliado la competencia de los juzgados de violencia sobre la mujer a los delitos contra la libertad sexual y supone un incremento en la carga de trabajo que va a obligar a que personas que hasta ahora estaban trabajando como jueces de instrucción o jueces de lo penal tengan dentro de la judicatura que empezar a trabajar también en este ámbito de la violencia sobre la mujer, lo cual requiere una formación específica para que se enjuicie con perspectiva de género, con sensibilidad», ha explicado.
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