La Real Casa de Correos sigue en la diana: Madrid defiende su autonomía y el Gobierno mantiene que es lugar de memoria

Ha sido esta misma semana cuando el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, liderado por Ángel Víctor Torres, envió a la Comunidad una invitación «con objeto de evitar cualquier posible tacha de inconstitucionalidad» y le solicitó al Gobierno regional una respuesta antes del 26 de febrero.

Se refieren, en concreto, al artículo 4 de la Ley madrileña 8/2024, de 26 de diciembre, de medidas para la mejora de la gestión pública en el ámbito local y autonómico, que expone que no se podrá autorizar la instalación de ninguna placa o distintivo que pueda perjudicar o resultar incompatible con «la neutralidad, la pluralidad, la concordia, el respeto a la verdad y a la historia, la imagen institucional de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, su significado actual, o que pueda generar confusión sobre la Real Casa Correos como Sede de la Presidencia».

También contempla que la instalación con carácter permanente de cualquier placa o distintivo en la Real Casa de Correos requerirá la previa autorización del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid y que los poderes públicos de la Comunidad ordenarán el «cede inmediato» de las medidas que «perjudiquen o resulten incompatibles con la neutralidad, la pluralidad, la concordia, el respeto a la verdad y a la historia, la imagen institucional, el significado o el uso actual de la Real Casa de Correos».

El edificio ya cuenta en su fachada principal con tres placas en homenaje y memoria del levantamiento contra la invasión francesa, las víctimas de los atentados del 11-M y los fallecidos durante la pandemia del Covid-19, además de ser sede de la Comunidad de Madrid desde hace cuatro décadas.

La ley madrileña "pone impedimentos", asegura el gobierno

Al respecto, el Gobierno central considera que la nueva ley madrileña «pone impedimentos» a la declaración de Lugar de Memoria de la Real Casa de Correos por lo que lo ve como algo «inconstitucional y que invade competencias estatales». También, afirman que es «incompatible» con el artículo 53 de la Ley de Memoria Democrática, «al supeditar la aplicación y ejecución de la norma estatal por los órganos del Ejecutivo estatal a una previa autorización de un órgano autonómico sin límite ni ponderación alguna».

«La Ley cuestionada somete a autorización del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid cualquier actuación también la estatal en materia de memoria democrática sobre la Real Casa de Correos sin que eso resulte conforme al orden competencial (...) Lleva aparejado despojar a la Administración General del Estado, a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y a la Dirección General de Atención a las Víctimas y Promoción de la Memoria Democrática, de sus competencias», explicaron.

Sin embargo, por parte del Gobierno madrileño, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad, Miguel Ángel García Martín, aludió a los «tintes autoritarios» del Gobierno de España al querer convertir la Real Casa de Correos en Lugar de Memoria Democrática, por no «soportar» que otra institución defienda sus intereses, y reprochó su falta de lealtad institucional.

«Tengo que decir que lo hemos conocido por los medios de comunicación, porque el Gobierno central no se ha puesto en contacto con el Gobierno de la Comunidad de Madrid para absolutamente nada. Esta es la forma que tiene el Gobierno de Pedro Sánchez de entender la lealtad institucional», trasladó.

«¿En qué cabeza cabe que pueda ser inconstitucional que la propiedad de un inmueble pueda decidir sobre ese inmueble? ¿En qué cabeza cabe que pueda ser inconstitucional que una Comunidad como la madrileña que tiene un edificio en propiedad pueda decidir lo que ocurre o lo que no ocurre o las placas o no que se colocan en ese edificio?», preguntó García Martín.

También se manifestó sobre este asunto el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, quien avisó también al Ejecutivo autonómico de que si no quiere negociar con la Administración estatal sobre el reconocimiento de la Real Casa de Correos como Lugar de Memoria llevarán al Tribunal Constitucional la ley regional que quiere evitar este reconocimiento.

El delegado pidió a la presidenta madrileña que «abandone la insumisión permanente» y cumpla con la Ley de Memoria Democrática, además de exigirle que no niegue «lo que todos los madrileños conocen: que a lo largo de la Historia la Real Casa de Correos fue lugar donde se produjeron terribles torturas y sufrimiento».

De testigo del 2 de mayo a acoger las campanadas

El Gobierno regional considera que el Ejecutivo de Pedro Sánchez interpreta «de forma sesgada» la historia, al albergar la Real Casa de Correos la Dirección General de Seguridad durante un periodo «ínfimo de su pasado, que no puede transformar su verdadera significación histórica, simbólica y la repercusión que en la memoria colectiva ostenta». El Ejecutivo autonómico expone como argumentos la vulneración de las competencias de la Comunidad de Madrid en materia de gestión de su patrimonio, defensa del patrimonio histórico y el ataque a una institución de autogobierno.

Además, recuerda que goza de la máxima protección como Bien de Interés Cultural. Por estos motivos, cree que no concurren los requisitos necesarios exigidos por la Ley 20/2022 de Memoria Democrática para llevar a cabo la pretendida declaración.

La Real Casa de Correos, en el transcurso de más de 250 años, ha sido oficina central de Correos, testigo de los hechos del 2 de mayo de 1808 y ha albergado la Capitanía General, el Gobierno Militar y la sede del Ministerio de Gobernación, incluso bajo el Gobierno del Frente Popular. Además, el Gobierno autonómico subraya que la memoria de todos los madrileños y españoles se vincula, por ejemplo, con la celebración cada año de las Campanadas de Año Nuevo y con el Kilómetro 0 de las carreteras radiales.