Investigadas 60 personas por delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo en Málaga

Esta operación se inició con el fin de combatir los atentados contra la ordenación del territorio y el urbanismo, para proteger el medio ambiente, el patrimonio histórico-artístico y el paisaje, así como para garantizar un desarrollo urbanístico sostenible y equilibrado en la provincia de Málaga, ha indicado la Guardia Civil en un comunicado.

Durante el desarrollo de esta operación, se han investigado a 60 personas entre las que se encuentran promotores, constructores y técnicos directores por supuestos delitos contra la ordenación del territorio, por su implicación en la ejecución de obras no legalizables en suelo rústico en varios municipios de la provincia.

Los agentes observaron la supuesta comisión de 58 delitos urbanísticos y las diligencias instruidas han sido remitidas a la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga.

Asimismo, han realizado 166 inspecciones en todas las Comarcas de la provincia, detectándose 254 infracciones administrativas, principalmente por carecer de licencia urbanística, no ajustarse al proyecto y/o a la licencia, movimiento de tierras, etcétera.

Las denuncias han sido remitidas a los respectivos ayuntamientos, quienes ostentan las competencias en materia territorial y urbanística y para la realización de los expedientes sancionadores.

De las actuaciones realizadas que atentan contra el suelo, han destacado, entre otras, la construcción ilegal de viviendas unifamiliares en suelo rústico, en algunos casos en espacios protegidos; la instalación ilegal de casas prefabricadas con fines residenciales; la construcción de piscinas enmascaradas como albercas de riego; la construcción de barbacoas con fines recreativos sin justificación o la construcción de naves de aperos y su posterior cambio de uso en una vivienda residencial.

Durante la investigación se ha contado con la colaboración de los Servicios de Inspección de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta, así como de los Servicios Técnicos de los ayuntamientos implicados, los cuales han certificado la clasificación de los suelos y la ilegalidad de las construcciones y edificaciones.