Ayuso pide no "frivolizar" la okupación y alerta de que es un fenómeno que "no deja de multiplicarse"

Así lo ha expresado ante los medios de comunicación desde un colegio público de Las Rozas, después de que ayer anunciara que iba a remitir una carta al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, que ha sido enviada hoy mismo, para solicitar su «actuación urgente» ante la ocupación ilegal de viviendas, «un problema que afecta a miles de personas tanto en España como en la Comunidad de Madrid».

«Yo creo que no es un debate para frivolizarlo, porque tiene nombre, tiene ojos, tiene cara, son nombres, son personas, muchas vulnerables o que no lo eran y se convierten en vulnerables. Veo cómo se juega con las cifras. Parece que si no son apabullantes no es importante y sí, son muchas y en crecimiento», ha defendido la dirigente autonómica.

Así, ha alertado de que se trata de un fenómeno en crecimiento y que afecta especialmente a los pequeños tenedores, es decir, que solo tienen una vivienda. «Esto solo va a ir a más», ha asegurado Díaz Ayuso, quien ha apostillado que en Cataluña se registra «la mitad de la okupación en España».

«Si seguimos por el mismo camino y no atajamos esta lacra, esa situación se va a producir por todo el territorio. Una víctima es gravísima, porque es una persona a la que le han quitado su propiedad, que es un derecho constitucional fundamental, y luego es profundamente injusto. Pero es que estamos hablando de muchas cifras», ha aseverado la presidenta.

La carta remitida al defensor del pueblo

En concreto, ha trasladado su preocupación enumerando casos de inquiokupación que «muestran claramente la magnitud del problema y la necesidad de tomar medidas efectivas lo antes posible para proteger un derecho tan importante como es la propiedad privada».

La presidenta madrileña reclama al Defensor del Pueblo su intervención en defensa de los derechos de las personas que detalla en esta carta, «haciendo efectivo su derecho a la propiedad, su derecho a la tutela judicial efectiva, y el amparo debido a las personas mayores».

También, considera que las okupaciones ilegales «no pueden quedar sin respuesta eficaz en un Estado de Derecho», recalcando que «no se pueden amparar bajo ninguna consideración conductas delictivas que generan tanto sufrimiento».