La Sindicatura de Comptes ha cifrado en 33.570,61 millones de euros la infrafinanciación colectiva y relativa de Catalunya respecto a los ingresos pactados en 2009 en el sistema de financiación autonómica entre 2002 y 2022, según figura en el informe publicado este miércoles.
Este cálculo se da si el Estado hubiese garantizado las necesidades de financiación por habitante ajustada pactada en 2009, mientras que si se realiza según el sistema pactado en 2002, la infrafinanciación es de 32.692,07 millones.
Según otro cálculo, si la financiación por habitante ajustado de Catalunya hubiera sido igual a la media de las comunidades autónomas de régimen común, el impacto es de 6.273,4 millones.
Por otro lado, si todas estas comunidades autónomas hubiesen tenido el mismo incremento impositivo para recuperar la caída de ingresos derivada de la crisis de 2008, la infrafinanciación es de 22.810,04 millones.
Así, según la referencia considerada para valorar los recursos que se deberían haber garantizado, la infrafinanciación representa entre el 26,99% y el 39,72% de la deuda de Catalunya en 2022.
Traspaso de competencias
La Sindicatura ha señalado que el Estado hizo un mayor despliegue de servicios transferidos a algunas comunidades autónomas y que fueron valorados a niveles más altos, lo que perjudicó a las que había recibido antes el traspaso, como Catalunya.
Ha señalado que esto no respeta el principio de ordinalidad, que indica que no se puede alterar el orden que sale de la capacidad tributaria de cada comunidad autónoma.
Por ello, ha recomendado iniciar una negociación con el Gobierno para revisar el endeudamiento «de manera total o parcial» teniendo en cuenta alguno de los cuatro escenarios planteados.
Otros informes
El ente ha publicado este miércoles otros tres informes sobre ahorro y eficiencia energética en entes locales en 2022, el proceso de consolidación de cuentas del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) en 2022 y el Pla Serra Húnter entre 2016 y 2022.
Sobre el ahorro y eficiencia energética en entes locales, ha señalado que el 34,3% de estas entidades de más de 20.000 habitantes no tenía una planificación general.
En el informe sobre la AMB, ha observado que los ajustes detectados disminuyen el resultado del grupo en 326,17 millones y el patrimonio neto en 324,55 millones.
En el documento sobre el Pla Serra Húnter, ha pedido la creación de un sistema de seguimiento que permita comparar los resultados de los docentes.
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