Así en la provincia de Barcelona se han registrado 32, en Madrid hay nueve, en Málaga hay dos y en Granada hay uno. De otro lado, en Vizcaya (5), Murcia (2), Valencia (1), Islas Baleares (5), Cantabria (1), Zaragoza (17), Bilbao (2). Entre las detenciones se encuentran los seis presuntos líderes de la organización, que han ingresado en prisión, según ha informado el Ministerio del Interior en un comunicado.
En el operativo han participado más de 200 agentes de diferentes provincias de España, se han realizado más de 10 registros en domicilios y agencias de viaje, y se han incautado más de 500.00 euros en efectivo.
Según señalan, la organización estaba asentada en España e Italia y contaban con colaboradores en Libia, Bolivia y México. La investigación, que se inició en el año 2022, tuvo su origen en la detección por parte de los agentes de un notable incremento del flujo de inmigración ilegal por parte de ciudadanos de origen indio y la utilización de España como país de paso hacia México, con el objetivo de dirigirse a Estados Unidos o Canadá.
Con ese punto de partida, y gracias a las pesquisas realizadas, los investigadores pudieron determinar la existencia de una organización criminal de carácter internacional, asentada principalmente en España --Barcelona, Madrid y Bilbao-- y en Italia, con colaboradores en Libia, Bolivia y México, que contaba con dos ramificaciones independientes pero directamente relacionadas y gestionadas por los principales investigados.
Una de ellas se dedicada al favorecimiento de la inmigración ilegal de ciudadanos de origen indio-pakistaní desde la India, pasando por Italia y España, y con destino final Estados Unidos o Canadá. La otra rama estaba dedicada al favorecimiento de la inmigración ilegal de ciudadanos de origen boliviano.
En cuanto a la facción de la organización centrada en la inmigración ilegal de ciudadanos de origen indio, la actividad delictiva tenía su inicio en la captación de los ciudadanos en su país de origen, desde donde eran trasladados en avión hasta Bahréin y desde allí hasta Egipto para finalizar su viaje en Libia. La organización se encargaba de proporcionarles los visados falsos para el paso fronterizo, así como los alojamientos en las diferentes ciudades de paso.
Una vez en Libia, eran embarcados en pateras con más de 130 personas hasta la isla de Lampedusa (Italia), soportando trayectos de 28 horas, sin agua y sin comida. Una vez trasladados a la península italiana, la organización criminal los alojaba en la ciudad de Turín, hasta su traslado aéreo a Zaragoza o Barcelona, viaje en el que utilizaban pasaportes falsos o de terceras personas mediante el método 'lookalike' por el que se suplanta la identidad de una persona con la que se guarda parecido físico.
En España, las agencias de viajes regentadas por los cabecillas de la organización se encargaban de facilitar a los migrantes todo lo necesario para continuar su viaje hasta distintas ciudades de México. Allí eran captados por las mafias que operan en la frontera con Estados Unidos, denominados «coyotes», que procedían a su introducción en el país norteamericano como punto final de su travesía.
Por otro lado, la facción de la organización especializada en la inmigración ilegal de ciudadanos bolivianos contaba con una estructura piramidal diseñada con una red de colaboradores en dos niveles, pasadores y personal de logística, que se encontraban ubicados en España, Bolivia, Turquía y Egipto.
Esta rama contaba con captadores y agencias de viaje en Bolivia, que en colaboración con las agencias ubicadas en España, se encargaban de organizar el viaje de los migrantes desde Bolivia hasta Estambul (Turquía) o El Cairo (Egipto).
En esos países eran alojados en hoteles hasta que la organización les hacía llegar pasaportes españoles de ciudadanos nacionalizados de origen boliviano que cooperaban con la organización investigada.
Con esos pasaportes los migrantes viajaban a Madrid o Barcelona pasando el control fronterizo haciéndose pasar por sus verdaderos titulares, todo ello a cambio de cantidades que oscilaban entre 8.000 y 10.000 euros.
La investigación sigue abierta y la colaboración de la Oficina Central de Operativa Documental (Punto Atenas) ha resultado esencial para el éxito de la misma, según remarca el Ministerio de Interior.
Dentro de la Unidad Central Contra Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales se encuentra el Punto Atenas, que actúa como 'call center' para la realización de consultas rápidas por parte de cualquier agente de la Policía Nacional, que en el transcurso de sus actuaciones, detecte documentos con indicios de falsificación o de dudosa autenticidad. En caso positivo, los agentes del Punto Atenas realizan en un plazo máximo de 10 minutos un informe técnico con firma digital, que es remitido al correo electrónico de la Comisaría o Unidad policial de los actuantes.
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