Los órganos judiciales de la Comunitat Valenciana han registrado entre enero y marzo de este año un total de 2.802 demandas de disolución matrimonial, que incluyen nulidades, separaciones y divorcios, lo que representa un 5,5% menos que las 2.965 contabilizadas en el mismo periodo del año anterior.
Según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) publicados este viernes, la huelga de los letrados de la Administración de Justicia, que se prolongó desde el 23 de enero del hasta el 28 de marzo, ha tenido un impacto en la resolución de asuntos y también en el ingreso, debido al número de procedimientos repartidos que han quedado pendientes de ser aceptados por los juzgados
Todas las modalidades de demanda se redujeron. Así, los procesos de divorcio consensuados entre los cónyuges, 1.626, bajaron un 4,5% en relación a los 1.703 de un año antes. Lo mismo ocurrió con los divorcios no consensuados -1.068 en el primer trimestre de 2022 y 1.107 en ese mismo periodo de 2021-, que disminuyeron un 3,5%, detalla el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en un comunicado.
Por su parte, las separaciones no consensuadas pasaron de 55 a 34, por lo que se redujeron un 38,2%, y las separaciones con acuerdo bajaron un 25%, desde las 96 del primer trimestre del pasado año a las 72 del mismo periodo de este año.
Poniendo en relación las demandas de disolución matrimonial del total del año con la población a 1 de enero de 2023 vemos que el mayor número de demandas de disolución por cada 100.000 habitantes se dio en Canarias, con una ratio de 65,4; Navarra, con 56,4; Comunitat Valenciana, con 53,7; Andalucía, con 51,4; Illes Balears, con 51; y Asturias, con 48,1. Todos estos territorios superan la media nacional, que se situó en 47,1 demandas por cada 100.000 habitantes. Por el contrario, las tasas más bajas se dieron en La Rioja, con 30,7; Madrid, con 37,3; y Castilla y León, con 37,9.
Datos por provincias
Por provincias, en la de Valencia se presentaron un total de 1.489 demandas de disolución matrimonial, frente a las 1.598 registradas entre enero y marzo de 2022.
En la de Alicante, la cifra alcanzó las 981, mientras que un año antes fue 1.062, y en Castellón se registraron 332, la única provincia en la que se da un incremento, ya que en el primer trimestre del pasado año la cifra se situó en 305.
Una tendencia contraria siguieron las demandas de modificación de medidas en el ámbito de la pareja, que aumentaron en el conjunto de la Comunidad Valenciana un 5,3%, al pasar de 2.679 durante el primer trimestre de 2022 a 2.829 en el primer trimestre de este año.
Las demandas de modificación de medidas con consenso entre las partes se mantuvieron exactamente en las mismas cifras, 383, mientras que las no consensuadas, de las que se registraron 1.091, subieron un 8,4% en relación a las 1.006 de un año antes.
En cuanto a las modificaciones de medidas relativas a la guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales, las que no incluían un acuerdo entre las partes, 781, crecieron un 9,7%, respecto a las 712 contabilizadas entre enero y marzo del pasado año. Las de esta clase en las que medió un consenso 574, bajaron en cambio un 0,7% respecto a las 578 de un año antes.
Por provincias, el total de demandas de modificación de medidas fue de 982 en Alicante, por 1.003 de un año antes, 1.502 en Valencia, frente a las 1.439 del periodo enero-marzo 2022, y 350 en Castellón, que en ese trimestre del año anterior registró 247.
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