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Euskadi recibirá 19,9 millones de euros para la puesta en marcha de distintas actuaciones en el ámbito de la Formación Profesional que consoliden la transformación del modelo de FP, después de que lo haya aprobado este miércoles el Consejo de Ministros.

Según ha informado la Delegación del Gobierno en el País Vasco, la inversión total para todas las comunidades autónomas asciende a 1.307
millones de euros, distribuidos en distintos acuerdos en materia de
modernización educativa, cualificación y recualificación (reskilling y upskilling), formación profesional para el empleo y refuerzo de los centros de capacitación.

En concreto, ha subrayado que Euskadi recibirá una primera partida de más de 13,7 millones de euros, dirigida al desarrollo de medidas de modernización y crecimiento del sistema educativo de Formación Profesional, que cuenta con una inversión global de 273,3 millones de millones.

Esta inversión irá destinada a acciones del Plan de Modernización de la FP, tales como la acreditación de competencias profesionales de cerca de 28.000 personas, la creación de grupos bilingües, la puesta en marcha de diez aulas de tecnología aplicada y la creación de nuevas aulas de emprendimiento hasta un total de 98.

Asimismo, se prevé que el País Vasco perciba más de 5 millones de euros para implementar acciones de cualificación y recualificación (reskilling y upskilling) que llegarán a más de 9.200 personas. Esta partida cuenta con una inversión total para todas las comunidades autónomas de 111,5 millones, que beneficiará a más de 203.000 personas.

Por último, el Consejo de Ministros también ha aprobado la distribución de más de más de 1,1 millones de euros a Euskadi para garantizar el funcionamiento de los 41 centros de capacitación existentes en la Comunidad Autónoma e impulsar la creación de nuevos centros.

En total, esta línea de inversión está dotada con 29,3 millones de euros para el mantenimiento de 1.047 centros de capacitación en todo el Estado y la creación de 314. Estos centros proporcionan formación digital básica a personas vulnerables por razón de edad, nivel de formación, lugar de residencia o pertenencia a colectivos en riesgo de exclusión.