Los sindicatos CC.OO., UGT, Satse y CSIT Unión Profesional han convocado para mañana, jueves, una...

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Los sindicatos CC.OO., UGT, Satse y CSIT Unión Profesional han convocado para mañana, jueves, una concentración frente a la Consejería de Hacienda de la Comunidad para reclamar la implantación de jornada laboral de 35 horas en la Administración pública.

En concreto, la nueva protesta, que se suma a las llevadas a cabo en las últimas semanas, tendrá lugar a las 12 horas en la Plaza de Chamberí, donde se ubica la sede de la Consejería dirigida por Javier Fernández-Lasquetty.

En esta línea, las cuatro organizaciones sindicales pedirán volver al modelo de jornada laboral que regía en la Comunidad hasta su modificación en 2012 con el Gobierno de Mariano Rajoy, frente a la de 37,5 horas semanales que hacen actualmente.

«El Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI establece con carácter general la implantación o recuperación de la jornada de 35 horas semanales. Para ello cada Administración Pública, en el ejercicio de sus competencias de autoorganización, deberá negociar su aplicación», han recordado los sindicatos en un comunicado conjunto.

En este sentido, han censurado que, frente al criterio de la inmensa mayoría de las Comunidades Autónomas que han recuperado las 35 horas, desde el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso se han negado «siquiera la posibilidad de negociar».

En concreto, Fernández-Lasquetty rechazó ayer que se vaya a implantar la jornada laboral de 35 horas semanales. «Mientras el resto trabaja 40 horas, ellos entienden que 37,5 horas es mucho. Teniendo su plaza de por vida, a diferencia de los demás trabajadores, creen que tienen que hacer 5 horas menos», subrayó.

Frente a ello, los sindicatos han defendido que la jornada de 35 horas «mejora la calidad de los servicios públicos», crea empleo y favorece el rejuvenecimiento de las plantillas, aumenta la productividad y beneficia la salud tanto física como mental, además de la conciliación de la vida laboral y personal. «La Administración debe dar ejemplo para el resto de empresas» recuperando «los derechos recortados», han defendido.