Para la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, ha reclamado una inhabilitación de un año por presunta desobediencia y una multa de 18.000 euros, según consta en el escrito de acusación consultado por Europa Press.
La Abogacía pide condenar a Jové por malversación por presuntamente destinar fondos públicos «a la preparación y ejecución del referéndum, cuando dichos gastos carecían de cobertura presupuestaria» dado que el Tribunal Constitucional (TC) había anulado las partidas que se le dedicaban en la Ley catalana de presupuestos de 2017.
En concreto, la Abogacía afirma que Jové ordenó y autorizó los gastos relacionados con la organización de la administración electoral, como la distribución de las notificaciones del nombramiento de los integrantes de las mesas electorales y de las tarjetas censales a través de la empresa Unipost.
También le atribuye haber tramitado la autorización para transferir 3,43 millones de euros del Fondo de Contingencia, «cooperando de forma imprescindible en la ordenación de los gastos de publicidad institucional del referéndum» por parte de la Conselleria de Presidencia.
En cambio, la Abogacía ha descartado acusar al exsecretario de Hacienda y actual presidente del Puerto de Barcelona, Lluís Salvadó, para quien la Fiscalía ha pedido una condena de seis años y tres meses de cárcel.
La Fiscalía también pidió condenar a Jové a siete años de cárcel y un año de inhabilitación para Garriga, que entonces era directora de servicios de la Conselleria que encabezaba Oriol Junqueras y que supuestamente dio indicaciones para poner en funcionamiento la web referendum.cat.
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Ultima Hora
De momento no hay comentarios.