El consejero ha explicado que el objetivo de la reunión era «dejar claro» que el Gobierno autonómico no va a aceptar «que se siga utilizando a los vecinos como escudo humano respecto a las actuaciones del Ayuntamiento en la calle Embarcadero».
Pérez Anadón ha enviado una carta al consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, comunicándole que ha interpuesto el recurso «en defensa de los intereses del Gobierno de Aragón, para poder usar esos suelos a fin de construir viviendas para jóvenes».
Ha señalado que ambas partes suscribieron un acuerdo, hace más de 400 días, que «obliga jurídicamente» y que la Administración autonómica ha reclamado el cumplimiento del convenio de forma que se reconociesen los legítimos derechos de la Comunidad Autónoma, proponiendo también incorporar una permuta de suelos.
Asimismo, el consejero ha manifestado que en la Comisión Bilateral se acordó elaborar un plan especial con un plazo de tres meses, hasta febrero de 2022, para llevar a cabo la permuta de suelos.
«Estuvimos bastantes meses sin que se nos diese contestación» y en una reunión con técnicos de Urbanismo el Gobierno regional dio de plazo hasta finales del año pasado antes de interponer el recurso contencioso-administrativo, lo que ahora ha llevado a efecto. Pérez Anadón ha comentado que en la misma reunión el Ejecutivo propuso contratar a una empresa tasadora para valorar los suelos y se mostró dispuesto a correr con los gastos fiscales de la permuta.
Una vez transcurrido el plazo, Pérez Anadón lo prorrogó 15 días y lo comunicó a las asociaciones vecinales y a la presidenta de la Junta de Distrito, que no le contestó, ha dicho. El nuevo plazo ha concluido y este lunes era el último día en que el Gobierno de Aragón podía presentar el recurso, lo que ha llevado a cabo.
Para el consejero, decir que se interpone el recurso se rompe cualquier vía de negociación es «una falacia soez», indicando que el Ayuntamiento interpuso, tiempo atrás, tres recursos contenciosos por asuntos de acción social abordados en la Comisión Bilateral y las negociaciones no se interrumpieron. «Llegamos a un acuerdo».
«Es inaceptable que se pueda transmitir y publicitar que la existencia de la defensa de los derechos de una Administración sea incompatible con la búsqueda de soluciones», ha manifestado el consejero, preguntándose si en ese caso «no estamos haciendo una dejación flagrante de las obligaciones como Administración». El titular de Hacienda ha recalcado que es el Ayuntamiento quien tiene que convocar la próxima reunión de la Comisión Bilateral.
La presidenta de la Asociación 'Las Nieves' ha considerado que «el barrio va a ganar bastante» si se edifican viviendas para jóvenes, añadiendo que «el barrio necesita un cambio grande, ha envejecido mucho y necesita savia nueva».
En otro orden de cosas, Pérez Anadón ha comentado que no tiene constancia de que el Gobierno local haya desestimado las alegaciones a la Operación Romareda y ha recalcado que es el Pleno el que lo decide oficialmente en una votación.
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