El Juzgado de Instrucción número 2 de Almería ha cerrado la investigación por la que procesa a diez personas, entre ellas un policía local de Adra y otro de Almería, acusadas de participar en una trama de presunta prostitución y corrupción de menores entre 2018 y 2020 que se habría servido de cuatro niñas y un varón para la obtención de servicios de índole sexual, principalmente para prácticas fetichistas y otro tipo de parafilias, a veces solos y otras en grupo.
Fuentes judiciales han confirmado a Europa Press que el instructor del caso ha decidido a tenor de las pruebas practicadas en la causa transformar en sumario el procedimiento, para lo que se ha celebrado este viernes una declaración indagatoria a la que han acudido todos los investigados, salvo dos, para trasladarles los hechos contenidos en el sumario antes de la formulación de las acusaciones.
En concreto, la causa se sigue a partir de ahora por los presuntos delitos de prostitución, explotación y corrupción de menores, así como otro más de abusos sexuales a menores, dado que las víctimas, si bien actualmente han alcanzado la mayoría de edad, contaban con entre 13 y 17 años en el momento de los hechos.
El juez ha decidido además mantener la situación personal de libertad provisional de los procesados, con obligación apud acta de comparecer los días señalados ante el Juez o Tribunal que conozca de la causa, así como la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros ni comunicarse por cualquier medio con las víctimas, a su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro lugar donde se encuentren hasta que se resuelva el procedimiento.
La trama fue destapada a través de la operación 'Terciaria' de la Guardia Civil, de la que se desprende que la hermana mayor de una de las víctimas habría promovido a través de anuncios en un portal web, y posteriormente por WhatsApp, encuentros con distintos clientes y el cobro de los servicios, toda vez que también se habría ocupado, conforme a la investigación, de buscar usuarios.
Según fuentes de la investigación consultadas por Europa Press, algunas de las víctimas aseguraron haber prestado entre finales de 2018 y principios del verano de 2020 entre diez y 15 servicios de carácter sexual e «incluso más», de modo que «seis o siete clientes» se convirtieron en «fijos», llegando a acudir a sus viviendas.
Así, eran los propios clientes quienes buscaban a través de la página web estos anuncios en los que demandaban prácticas de carácter fetichista que, con el tiempo, pudieron intensificarse y derivar en relaciones sexuales por las que percibían entre 20 y 100 euros, siempre en metálico. La supuesta proxeneta, encargada de establecer los contactos, se habría embolsado el 50 por ciento de cada servicio.
En este sentido, las víctimas habrían sostenido durante la investigación que los clientes habrían sido conocedores de su minoría de edad. Fuentes del caso han corroborado además que la apariencia externa de las menores, en su momento, «no daba lugar a dudas de la corta edad de las niñas, incluso dos años después de los hechos».
La supuesta proxeneta habría reconocido en una fase incipiente de la investigación haber facilitado un servicio a un agente de la Policía Local de Adra, que supuestamente se puso en contacto para solicitar servicios de fetichismo, de modo que la mujer habría conducido a la joven hasta la localidad abderitana para el encuentro con el cliente a finales de 2019.
Según el testimonio de las víctimas y de la propia investigada, la menor habría sido recogida por el agente en un vehículo policial a las afueras del municipio para llevársela consigo hasta su vivienda, de modo que media hora más tarde fue recogida por la investigada. La menor relató que el hombre le había mostrado sus esposas, la pistola y la defensa reglamentaria durante el encuentro.
Asimismo, la investigación también apunta a otros perfiles profesionales que habrían obtenido citas con las menores a través de esta estructura, entre ellos un exmilitar. Algunos de los clientes más activos habrían llegado a concertar hasta tres citas semanales con las menores. Las actuaciones revelan que solo uno de los clientes habría rechazado el servicio al saber que se trataban de menores de edad.
La operación se inició en el mes de junio de 2020, tras la denuncia de la madre de una de las menores al encontrar una serie de mensajes de WhatsApp que revelaban un «comportamiento extraño en el móvil de la su hija». Ello destapó la presunta trama de prostitución bajo la supuesta gestión de la chica mayor de edad, la cual «se valía de una relación de amistad con las menores para explotarlas sexualmente».
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