El Departamento ha presentado alegaciones a la modificación aislada del PGOU Zaragoza aprobada por el Pleno municipal el 6 de febrero para convertir el estadio en equipamiento privado, dejando de ser público, aunque los suelos siguen siéndolo.
«Nuestras alegaciones no entran en el fondo del plan», ha dicho Soro en rueda de prensa, aclarando que «no se trata de retrasar» la entrada en vigor de esta modificación del PGOU, sino de evitar su judicialización: «A nadie le interesa que esto acabe, nuevamente, en los tribunales», ha manifestado el consejero. «Estamos a tiempo».
Soro ha recalcado que es el Ayuntamiento el que tiene la competencia para determinar el modelo de la nueva Romareda, lo que el Departamento «no valora», y ha insistido en que estas alegaciones «no bloquean ni impiden que se modifique el PGOU, pero las cosas se tienen que hacer bien».
«Desde la absoluta lealtad institucional», el Departamento ha avisado al Gobierno local de que «lo que está haciendo es contrario a la ley y podría ser declarado nulo por los tribunales si no se hacen las cosas de otra manera», ha continuado el consejero, indicando que «el Ayuntamiento está a tiempo de rectificar, de hacer las cosas respetando la ley». Ha aseverado: «La modificación es contraria a la Ley de Urbanismo de Aragón».
Tras precisar que el Consejo Provincial de Urbanismo no es un órgano del Gobierno de Aragón, sino que están representadas otras instituciones, como todos los ayuntamientos y comarcas, el Estado, la CHE y las diputaciones provinciales, de forma que «no es sinónimo del Gobierno de Aragón», José Luis Soro ha explicado que los ayuntamientos pueden aprobar inicialmente estas modificaciones para después ratificarlas el Consejo.
El Ayuntamiento de Zaragoza está «homologado» desde 2013 para aprobar definitivamente las modificaciones de menor entidad, pero en este caso, se trata de una modificación «sustancial», de forma que el visto bueno definitivo sigue correspondiendo al Consejo Provincial de Urbanismo.
«La clave» es que La Romareda es un bien demanial, destinado al uso público, y con la modificación del PGOU se ha convertido en bien patrimonial y será un equipamiento privado, de manera que «se puede vender, embargar, alquilar o hipotecar».
Ha expresado que el Consistorio aprobó esta modificación para que el acuerdo con el Real Zaragoza fuera más prolongado -75 años y no 50, como actualmente--, «lo que no podía hacer si seguía siendo demanial», lo que para Soro es un cambio sustancial que obliga a pasar por el Consejo Provincial de Urbanismo.
También ha expuesto que el Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado 157 modificaciones aisladas del PGOU desde 2008, lo que produce «una preocupante inseguridad jurídica» porque «es difícil saber qué está en vigor», para lo que la Ley de Urbanismo prevé, en su artículo 88, que los Consejos Provinciales requieran a los Ayuntamientos un texto refundido, sin poder realizarse nuevas modificaciones hasta que el Consejo lo apruebe.
El Provincial de Zaragoza lo reclamó así al Ayuntamiento el 23 de septiembre de 2022, requiriéndoselo formalmente en cuatro ocasiones más, pero el Gobierno local no ha remitido el texto refundido, por lo que «no puede iniciar una modificación del PGOU». «Es lógico pensar que el Ayuntamiento está manos a la obra», ha opinado Soro, para quien «no hay problema legal» si el Gobierno local envía el texto refundido.
«No estamos poniendo palos en las ruedas, al contrario, estamos avisando con tiempo suficiente para que las ruedas giren, sin entrar en el contenido, que no nos compete a nosotros», ha enfatizado Soro, a quien le gustaría «evitar» la judicialización: «Podríamos haber hecho otra cosa, no decir nada».
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